Con todas sus razones, Rita Barberá debe renunciar

Una hora larga ha durado la comparecencia ante la opinión pública de la exalcaldesa de Valencia, acuciada por la investigación policial y judicial en torno a sus subordinados en el Ayuntamiento. Los ligeros rumores de dimisión, infundados por lo que se ve, no se han confirmado y la senadora seguirá ostentando su acta pese a que los primeros pasos para el suplicatorio parecen haberse dado ya con la decisión del juez de confirmar su condición de aforada.

Sobre Rita Barberá, como sobre el resto de los ciudadanos españoles, debería situarse el derecho a la presunción de inocencia, una de las garantías de un Estado de Derecho que se precie de tal nombre. Pero como ella está experimentando estos días, esa garantía no existe de facto en nuestro país, lanzado en tromba a depurar los comportamientos delictivos que se han producido, que son muchos, aunque eso suponga llevarse por delante a un puñado inocentes.

Tiene razón la exalcaldesa en denunciar la indefensión que provocan las contantes filtraciones de algunas partes de la investigación judicial o policial (y no otras), y el linchamiento mediático diario en medios de comunicación que se manifiestan como depuradores de las conductas corruptas pero sólo si han sido cometidas por los miembros de un partido político, mientras ignoran los ERES, los cursos de formación, las facturas falsas, Invercaria, los fondos Jeremie, la imputación de un líder político gallego o la condena de quien presidió una caja de ahorros y falseó las cuentas de forma vergonzosa y delictiva. Esa doble vara de medir en la vida pública española dura ya demasiado tiempo como para tener que volverla a glosar.

Con todas sus razones y sus derechos expuestos de forma vehemente como ha hecho Barberá en su rueda de prensa, con su derecho a defenderse de las acusaciones exigiendo que sean probadas por quien la acusa, la senadora se equivoca gravemente en una parte decisiva de todo este asunto: la de no asumir las responsabilidades políticas de acuerdo al listón en que están ahora situadas. Ahora, no hace diez ni veinte años sino en este momento de nuestra vida política, cuando ella se encuentra en el Senado. Y ese listón ahora es demoledor, altísimo, como consecuencia de la multiplicación de casos de corrupción que han provocado un rechazo general de los ciudadanos hacia los dirigentes tradicionales y la irrupción de populistas presuntamente limpios de polvo y paja. Si Rita Barberá acepta seguir en política, tiene que aceptar las nuevas reglas.

La UCO y el juzgado no investigan gratuitamente a decenas de concejales y altos cargos de la institución que ella dirigió durante 24 años sin que existan evidencias de delito. Y quien dirigía a todo ese grupo de personas era la alcaldesa. Como ocurría con Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, donde eligió personalmente y nombró para sus responsabilidades a los ahora investigados. Las instancias oficiales que luchan contra la corrupción no están al servicio de ningún interés político, como ha sugerido de manera bochornosa el ministro de Interior, sino que buscan que quien ha incumplido la Ley pague por ello.

Podemos discutir si debe ser la dirección del PP la que exija a Rita Barberá su acta de senadora. En los meses que duró el caso ERES en el Supremo, el PSOE no llegó a hacerlo de forma clara respecto a Chaves y a Griñán. Pero lo seguro es que ella misma debería dar ese paso, retirarse a un lado para preparar su defensa y demostrar a todo el país que la inocencia que defiende es un hecho incontrovertible. Y entender que en un momento que exige una renovación de nombres y estructuras, su tiempo en el PP ha terminado.