Cataluña: del Estado ausente al 20-D
- No valen vaguedades o posiciones huidizas
Juan Rubio Martín
Este lunes el Parlamento catalán aprobó en pleno la declaración de inicio del proceso independentista, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no suspenderlo, pese a los requerimientos de los principales partidos constitucionalistas. El anexo de la declaración concreta ámbitos que serían de competencia exclusiva catalana, una vez convalidada la "desconexión" con España.
Ante un tema como la defensa de la unidad territorial no valen vaguedades o posiciones huidizas, por mucho que la "solemne" resolución tenga para muchos tintes de fantasía. Los independentistas, pese a una presión mediática perfectamente organizada, no llegaron al 50% de votos en las elecciones autonómicas (convertidas por ellos en plebiscitarias), aún con mayoría de escaños, perdiendo apoyos según las últimas encuestas.
Por eso, el contenido y aprobación de la declaración es uno de los mayores desprecios a la democracia de las últimas décadas. Minusvalorar el independentismo es también pura fantasía y señal de la pasividad de gobiernos centrales durante décadas para resolver el conflicto. El Gobierno ya ha pedido dictamen al Consejo de Estado, previo al recurso al TC, que admitirá a trámite y previsiblemente suspenderá la resolución independentista.
Ahí pudiera, legalmente, acabar todo; pero dependerá de la actitud del Gobierno central (que intenta consensuar con los principales partidos) y lo lejos que lleguen los independentistas. En caso de desobediencia civil, se aplicaría el artículo 155. Pero no es el aspecto a resaltar, sino la excesiva manipulación informativa durante las pasadas elecciones autonómicas. Prevalecieron los dogmas y las declaraciones sin fundamento, con lo que los independentistas simplificaron y ocultaron graves y crecientes problemas, entre ellos la gran corrupción, centrándose en la dicotomía Sí o No a la independencia bajo una falsa "secesión sin costes".
Con demasiada pasividad de las fuerzas políticas no independentistas.Solo algunos ejemplos. Los partidarios de la independencia negaron que la misma supone la salida (transitoria e indefinidamente) de la eurozona, con las consecuencias económicas negativas que conllevaría, así como la no inclusión de Cataluña entre los territorios con derecho a la autodeterminación, como ha manifestado el secretario general de la ONU. Otra gran manipulación fue el "sobreesfuerzo fiscal" que durante años destacó Artur Mas con unos cálculos de la balanza fiscal que se resienten ante cualquier análisis razonado.
La famosa pregunta "en qué prefieres que nos gastemos los 16.000 millones" quedará como paradigma de la trivialización de problemas frente a votantes. La falsa información transmitida sobre las pensiones fue otro tema sensible que calentó ánimos. La lista de manipulaciones es larga. Muy tardía fue la reacción del Ggobierno central (y de economistas y políticos relevantes) ante argumentos insostenibles para justificar la independencia, pero que han servido, durante largo tiempo, para camuflar la gran corrupción, factor clave de la crisis catalana, cuyos indicios aumentan de forma contundente en medio del desconcierto de buena parte del independentismo.
Ahora puede haber dificultades para formar el Gobierno autonómico, dada la disparidad ideológica entre las fuerzas independentistas, lo que no parece grave: se propone un candidato alternativo o se convocan nuevas elecciones. Pero lo importante es que las mayorías que surjan en el Congreso tras el 20-D se esfuercen, más que en descalificar a los independentistas, en subrayar las ventajas de permanecer en un proyecto de España donde, de una vez por todas, haya un encaje adecuado de Cataluña y las demás Comunidades Autónoma, con una financiación que sustituya al caos actual, donde reiteradamente las normas presupuestarias se incumplen y se generan incentivos a gastar ineficientemente a costa de otras regiones o del estado central. Buena parte del trabajo está hecho.
Reconocidos expertos han profundizado, desde décadas, en los temas relevantes de un modelo territorial que dejó cabos sueltos. En mi opinión, no conviene un "federalismo" fiscal que ignore economías de escala de importantes servicios públicos prestados desde el Estado. Es imprescindible una descentralización guiada por criterios de eficiencia, precondición para importantes reformas pendientes desde la transición.
Claro que hay que convencer, y queda tan poco para el 20-D que el debate podría volver a estar centrado, en Cataluña, en la manipulada dicotomía del Sí o No a la independencia, mientras su economía se deteriora progresivamente. De ahí la urgencia de presentar al electorado lo que no se ha hecho en décadas: un planteamiento global y al margen de concesiones o panaceas de última hora que levantarían suspicacias. Ahora toca hacer valer la fuerza del derecho, pero sabemos que solo una respuesta jurídica no resolverá el problema.