¡Y ahora, populismo de derechas!

El Gobierno engrasa la maquinaria del gasto, como advertimos aquí la pasada semana. Primero serán los funcionarios, que recuperarán toda la paga perdida, y luego los pensionistas, como confirmó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Después de aprobar un tope al alza para las pensiones del 0,25 por ciento anual, el Gobierno las subirá el 1 por ciento, en línea con el acuerdo salarial de empresarios y sindicatos. Una irresponsabilidad, si tenemos en cuenta que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mermó alrededor de 25.000 millones durante la crisis, tras arrojar un déficit anual de más de 10.000 millones anuales. Todo para agasajar a un colectivo de 9,2 millones a costa de dejar a la intemperie a las futuras generaciones. Pan para hoy y hambre para mañana.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, generalmente bien informado, aprovechó su comparecencia en el Congreso para advertir sobre la sostenibilidad de las pensiones. Los ministros de Empleo, Fátima Báñez, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, salieron a desmentirlo. Es obvio que es una patada del ministro de Economía, Luis de Guindos, amigo y mentor de Linde, en el pompis de Montoro, para intentar que lo corrija.

Más grave me parece que Montoro haya negado una y mil veces una rebaja de las cotizaciones sociales para las pymes con el argumento de que la Seguridad Social está casi en la quiebra y ahora quiera mejorar las pensiones. Me recuerda la promesa del expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, de bajar el IRPF a los pensionistas para mantenerse en el cargo. El votante no es tonto y lo mandó a su casa.

Los incrementos del gasto en obra pública, del salario mínimo ínterprofesional o del número de funcionarios ¡otra vez! son algunas iniciativas que completan el plan que maneja Hacienda. Confío en que no comprometa el objetivo de déficit, que debería caer del 5,7 al 4,2 por ciento y quedar por debajo del 3 por ciento en 2016.

Montoro tiene otro grave problema: casi todas las autonomías derrochonas han caído en manos socialistas o estaban ya gobernadas por la izquierda. Las tres peores, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía están fuera del control del PP.

Un caso preocupante es Valencia, donde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se estrenó esta semana con la promesa de reabrir la televisión autonómica. El cierre de Canal 9 costó la friolera de mil millones, como detalla hoy elEconomista. ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría volverla a poner en funcionamiento?

El nuevo jerifalte valenciano también lleva en su programa la creación de una agencia tributaria propia y amenaza con la insumisión fiscal. Si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, fuese serio lo debería haber expulsado como militante socialista. No sé como Sánchez tiene la osadía de presentarse arropado por una gran bandera de España, con propuestas como éstas de la agencia tributaria valenciana. El PSOE corre la suerte de seguir los mismos pasos que en Cataluña, donde el PSC está en extinción y sus votantes se fugaron a otras formaciones de izquierda.

Las palabras contradictorias de Sánchez han abierto una brecha en su partido, entre los que piden centrarse o los que abogan por radicalizarse. El fichaje del exministro Jordi Sevilla, al que Zapatero echó después de recibir lecciones de economía de él durante un par de tardes, es un intento loable por la moderación. No se sabe qué rumbo tomará, al final, el nuevo líder. Pero me temo lo peor.

Tampoco me explico la política sanitaria de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien prometió deshacer las concesiones de los hospitales públicos. Una tarea que dejaría casi vacías las arcas de una de las pocas autonomías capaces de autofinanciarse. O que Ignacio Aguado, de Ciudadanos, haya dado su plácet al nombramiento sin poner objeción al asunto. Desde luego, contradice el ticket liberal con que Albert Rivera quiere presentarse a los próximos comicios generales.

Sólo cabe la esperanza de que la nueva consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, con fama de pragmática y de buena gestora, se olvide del asunto. Como ven, las aguas bajan revueltas, las autonomías amenazan con descarrilar los logros del déficit en la próxima legislatura y con ello la recuperación española.

Montoro ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para meterlas en vereda. Pero ya me dirán con qué autoridad moral va a pedir austeridad, cuando él mismo pretende echar la casa por la ventana de aquí a fin año.

Y para guinda del pastel tenemos a Grecia. Si hay acuerdo este fin de semana será político, porque la propuesta griega está basada en un incremento de la presión fiscal para aminorar los ajustes. ¿Donde están los sacrificios que pedía Angela Merkel si el primer ministro Alexis Tsipras ni siquiera está dispuesto a retrasar la edad de jubilación hasta los 60 años para mantener los privilegios en gremios como el de peluqueros o barrenderos? Todo apunta a que habrá algún tipo de compromiso, después de desplumar a la UE con miles de millones.

Rajoy espera recuperar medio millón de votos y rondar los 140 escaños para gobernar con Ciudadanos a costa del dinero público. Es el precio que pagaremos entre todos por no acometer a tiempo una renovación a fondo de la cúpula de su partido. El problema está, como siempre, en que cualquier cambio para recuperar la confianza cuestionaba su permanencia al frente del PP y del Gobierno. Entre el populismo de izquierdas y el nuevo de derechas, lo tenemos crudo.