Ofensiva fiscal que genere empleo

Las previsiones que el Gobierno maneja sobre crecimiento del PIB este año no dejan de superarse a sí mismas, hasta el punto de que el Ejecutivo ya cuenta con un avance de la economía del 3,6 por ciento.

Es una velocidad de crucero factible, a tenor de lo que reflejó la Contabilidad Nacional del primer trimestre y la persistencia de factores impulsores como el euro depreciado y el crudo barato.

En consecuencia, resulta comprensible que, especialmente tras el batacazo del 24-M, ese buen desempeño no pase inadvertido a los barones del PP y se afanen en presionar al presidente Rajoy para que le extraiga el máximo rendimiento, sobre todo a los 20.000 millones extra de recaudación impositiva que supondrá. En concreto, los líderes regionales reclaman una nueva batería de medidas sociales y rebajas fiscales.

Algunas de las propuestas son cuestionables: subir pensiones ahora equivale a ignorar interesadamente el déficit de la Seguridad Social, como ya hizo el Ejecutivo en su reciente guiño a las madres trabajadoras. Del mismo modo, pedir más obra pública supone elevar el gasto de las Administraciones, lo que es injustificable por muchos réditos electorales que proporcione. Por el contrario, Rajoy sí debe escuchar la conminación de sus barones a volver a bajar impuestos.

El llamamiento va más allá de cumplir con el compromiso de desplegar, en 2016, la segunda parte de la reforma fiscal y se extiende incluso al IVA, aunque es discutible que sea prioritario bajarlo. Las líneas generales de esta ofensiva fiscal aún deben definirse más, pero lo que es indudable es que no debe excluir ningún aspecto, como rebajar las cotizaciones sociales, que impulse la recuperación y genere empleo de calidad.