Infraestructuras sí, pero viables

Durante mucho tiempo España tuvo un déficit de infraestructuras considerable; es por ello que a nadie puede sorprender el anhelo de los ciudadanos por mejorar este aspecto. Deseo lógico, por otra parte, puesto que las infraestructuras, como ustedes bien saben, contribuyen al desarrollo no solo económico, sino también social de las diferentes áreas y zonas geográficas.

Mediante las inversiones en ellas, se posibilita la comunicación de las diferentes zonas, siendo elemento clave para la apertura de zonas que de otra forma quedarían aisladas. A través de ellas se potencia claramente el desarrollo no solo económico sino también social de las mismas. Supone aumentar la competitividad, aspecto importantísimo, de las zonas que las disfrutan. El desarrollo de las infraestructuras es, además, el elemento clave para la cohesión interterritorial de zonas que sin ellas se verían abocadas a una situación de estancamiento y aislamiento, en otras palabras, la cohesión de los territorios. No creo exagerado, por tanto, decir que el desarrollo y mantenimiento de las mismas es parte fundamental, además de una característica de los países desarrollados. Incluso se podría encuadrar dentro de las prestaciones que un Estado del Bienestar debe proporcionar a sus empresas y sus ciudadanos. No debe extrañar, por tanto, que los principales partidos que han ido liderando el avance de España desde la transición, se hayan volcado en su realización. Aquellos gobernantes que han tenido competencias en la materia, desde los que estaban en el Gobierno central a los de los entes autonómicos, han llevado a cabo innumerables actuaciones en esta materia. Al deseo se le unió un aliado fundamental para su consecución: el acceso a la financiación y además a un coste muy bajo.

Durante un periodo de casi treinta años, concretamente desde nuestra entrada a la Comunidad Económica Europea, enero de 1986, hemos asistido a una llegada de cuantiosos recursos monetarios procedentes de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Sin ellos nos hubiera resultado prácticamente imposible exhibir la situación actual en esta materia. Pero si observamos la actual foto, queda por una parte el orgullo de la modernización y a la vez la duda, o más bien amargura, de actuaciones irresponsables, la de políticos que buscando la rentabilidad en las urnas han acometido un gasto en infraestructura injustificables, sin que puedan hoy pagarse. Aeropuertos fantasmas -Ciudad Real y Castellón- o con un tráfico de viajeros que hacen inviable la instalación -Badajoz, Lérida, Logroño, son solo alguno de los ejemplos-, así como líneas de AVE que son una oda a lo absurdo -el AVE de Toledo a Albacete, suspendida actualmente, contaba con nueve pasajeros al día- retratan la megalomanía de alguno de nuestros gobernantes. ¡Qué importantes eran las fotos de inauguraciones antes de las elecciones! ¡Cuánto impulsaban una candidatura las cintas cortadas! Pero no solo han sido los gobernantes, sino el propio capital privado el que ha participado de esta, me atrevería a decir, orgía de infraestructuras. Aquí en Madrid las radiales son ahora mismo carreteras fantasmas, donde la probabilidad que tiene un conejo de ser atropellado es ínfima. Bien es cierto que el capital privado se cubría muy bien las espaldas con la cuestionable Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, otro error craso de los políticos. Ahí tenemos el caso del almacenamiento submarino de gas Castor y la indemnización de 1.350 millones que saldrán del bolsillo de los ciudadanos, la cual se repercutirá en el recibo de gas durante 30 años, para ir a parar a ACS en concepto de indemnización.

Pero no solamente tenemos emblemáticas ruinas de la egolatría política; aparte, muchas de nuestras infraestructura no son sostenibles. Ahí tienen el último pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la materia, donde esta misma semana consideraba que el actual modelo de financiación de las líneas de Alta Velocidad muestra una "importante incertidumbre sobre la sostenibilidad económica a largo plazo".

Es necesario incorporar al Tribunal de Cuentas para ver la viabilidad de los proyectos, realizar análisis bajo un prisma coste-beneficio de las realizaciones y las alternativas, modificar aspectos como la controvertida Responsabilidad Patrimonial, analizar sobrecostes y, por supuesto, que desde Europa, de donde proceden los fondos, se involucren en la viabilidad. También debemos pedir responsabilidad a los implicados en el desarrollo de las obras. No es renunciar a las infraestructuras, tampoco frenarlas. Se trata de ver la viabilidad de las mismas.