La reforma fiscal que viene
Los impuestos bajarán al ralentí, el esfuerzo irá a impulsar el empleo y el consumo.
Quizá es que me he vuelto escéptico o que ya son muchas promesas rotas, pero no creo que el Gobierno vaya a reintegrar a los ciudadanos la subida de impuestos, como señala el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la entrevista que hoy publica elEconomista. Al menos, no durante esta legislatura, y aventurar lo que pase más allá de 2015 me parece un ejercicio de ciencia ficción.
Es sencillamente imposible, porque las cuentas no salen. El gasto público representa más del 43 por ciento del PIB y la recaudación de impuestos aporta el 37 por ciento. La diferencia, algo más de 60.000 millones de euros, es el déficit público. El Gobierno se comprometió a acortar este desajuste en 23.000 millones antes de que acabe la legislatura, con lo que pasaría del 6,5 al 4,4 por ciento del PIB a finales de 2015, año de las elecciones.
El presidente Rajoy reiteró esta semana, en la entrevista con Antena 3 TV, que no habrá ajustes adicionales. Eso significa que, de aquí en adelante, la merma del déficit deberá producirse por la vía de los ingresos en lugar de por la del gasto. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había estimado la semana pasada en 30.000 millones el recorte del coste de las administraciones, con lo que prácticamente dio carpetazo a este asunto, al considerar que no habrá más ahorros.
Ni siquiera el plan de privatizaciones, anunciado a bombo y platillo a comienzos de legislatura, aportará recursos significativos. De hecho, con la excepción de la empresa pública de aeropuertos, Aena, cuyo venta está a la espera de que se ponga una fecha, no existe calendario para deshacerse de otras cosas. Nada se sabe de la privatización de los puertos o de las participaciones que aún conserva en empresas mayoritariamente privadas como Red Eléctrica, Enagás o Indra.
En resumen, toda la rebaja de impuestos deberá salir del crecimiento de la economía. Este año, la previsión oficial es creer el 0,7 por ciento, lo que equivale a unos 7.000 millones adicionales. Una cifra que irá totalmente a financiar el déficit público, que debería bajar siete décimas, del 6,5 al 5,8 por ciento, según lo acordado con Bruselas. Es decir, que en 2014 no podrá bajar los impuestos. Por eso, el Gobierno señala que las reducciones fiscales entrarán en vigor en 2015, un año después. El Ejecutivo gana así tiempo para que el ritmo de recuperación se acelere. En realidad, espera que el crecimiento sea del 1,2 por ciento este año y del 2 por ciento el que viene. Para conseguirlo, toda la política económica se concentrará en mimar el consumo interno.
Hasta ahora, el aumento de la actividad se sustenta en las exportación y en la mejora de la financiación de las empresas. Pero es necesario incorporar el motor de la demanda interna para que la recuperación sea sostenible.
Por este motivo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descarta subir nuevamente el IVA. Un aumento de los impuestos indirectos asestaría un golpe mortal al consumo. Tampoco se elevará el IVA reducido, porque castigaría a sectores vitales, que están tirando del carro, como el transporte, la hostelería ó el turismo.
La imposibilidad de incrementar los impuestos indirectos mermará, naturalmente, el margen de maniobra para recortar el resto. El Gobierno se verá forzado a escoger entre reducir los impuestos al capital (retenciones en la venta de acciones, fondos, etc.) ó reducir el IRPF y las cotizaciones sociales.
Se optará por esta segunda vía, porque es la generadora de empleo y, por ende, de actividad económica. En estos momentos, el plan es recortar en un primer momento el IRPF, sobre todo, el de la clase media y medio-alta, la que más consume. En una segunda fase, que dependerá del ritmo de mejora económica, se abordaría el recorte de las cotizaciones sociales, como piden los empresarios. La reforma incluye una remodelación del impuesto de Sociedades, pero no del tipo medio, sobre todo para las grandes empresas.
Hasta aquí los planes de Hacienda. El problema es que surjan por el camino imprevistos que nos desvíen del crecimiento. El desplome del peso argentino y la posibilidad de que el país entero entre en insolvencia es un buen ejemplo. Afortunadamente, en este caso, las posibilidades de contagio a la economía española son muy pequeñas, pese al susto que ayer se dieron los mercados. El asunto que más inquietud genera, aunque el Ejecutivo se niegue a reconocerlo oficialmente, es el proceso de independencia de Cataluña. Por eso ha puesto en marcha una campaña para explicar las cifras y contrarrestar a Mas.
En 2015, el déficit debe reducirse 16.000 millones, del 5,8 al 4,4. Si la economía crece al 2 por ciento, todo encajará. Si no, la promesa de reintegrar la subida de impuestos deberá esperar a la siguiente legislatura. Los impuestos van a bajar, desde luego, pero poco a poco y cuando se pueda. Pero agradecemos al ministro Guindos su buen ánimo.