Populismo fiscal con Patrimonio

La decisión de Francia de suprimir definitivamente el Impuesto de Patrimonio para sustituirlo por un tributo específico para gravar los inmuebles confirma el declive de este gravamen.

Y convierte a España en uno de los tres países del mundo, junto a Noruega y Suiza, que mantiene esa figura fiscal, el único en la Unión Europea. Solo Colombia se suma a esta lista, aunque en su caso tiene un carácter temporal, ya que Patrimonio solo estará vigente este año. Los perjuicios de un tributo dirigido única y exclusivamente a penalizar la mera posesión de la riqueza han sido analizados por los expertos y su desaparición es una demanda unánime, al tratarse de una tasa que expulsa el talento y el ahorro y en ningún caso beneficia a la equidad fiscal. Pero ni siquiera en términos de ingresos tributarios es eficaz, como contrastan los informes de la OCDE, que cifran en apenas un 0,5% su impacto en la recaudación fiscal total en España, un 0,2% del PIB. Pese a ello, el Gobierno no contempla suprimirlo en la reforma fiscal que prepara a través del Comité de Expertos creado por el Ministerio de Hacienda. Como apunta la patronal catalana Foment, al presentar sus propuestas en materia de impuestos, no es el momento de elevar la presión fiscal en España, sino de contribuir a la recuperación de la economía y la sociedad tras la pandemia. El Impuesto de Patrimonio es el ejemplo por excelencia de una política tributaria anacrónica que va en contra de este objetivo al basarse solo en prejuicios ideológicos contra los llamados ricos. España se convierte así en una rara avis en política fiscal entre los países de nuestro entorno, que optan con acierto por suprimir Patrimonio y reducir impuestos para favorecer la recuperación.