Consenso dinamitado en pensiones

La primera parte de la reforma de las pensiones diseñada por el Gobierno no llegó aún al Congreso de los Diputados, pero ya está sufriendo un importante desgaste.

Tanto el consenso de todos los partidos en la Comisión del Pacto de Toledo, que le sirvió como punto de partida hace un año, como el respaldo que le dieron los agentes sociales antes del pasado verano están ya resquebrajados. En ambos casos, la causa de la fractura es la misma: el modo en que el Gobierno articulará el mecanismo de solidaridad intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 (y que nunca llegó a entrar en vigor). Ante el desafío que suponen las jubilaciones de la generación del baby-boom, el Gobierno focaliza todos los esfuerzos en un aumento de los ingresos del sistema, a través de una subida de cotizaciones del 0,6% en vigor desde 2023 durante diez años (como mínimo). Serán las empresas las que carguen con la mayor parte de esta alza impositiva y esa realidad motivó el rechazo de la patronal. Ya no están solos en su negativa, como demostraron con sus votos PP, Vox y Ciudadanos en la comisión de trabajo preparatoria, antes del debate en la Cámara Baja de la reforma. Es obvio que la propuesta del Gobierno cuenta con respaldos más que suficientes (PSOE, Podemos, ERC, PNV y Compromís) para lograr la aprobación, pero eso no disimula las graves taras que mostrará desde el inicio.

La primera parte de la reforma del Gobierno no sólo divide a los agentes sociales sino también al Pacto de Toledo

Por sí solo ya es preocupante el modo en que se multiplicará el gasto por culpa de la revinculación de las pensiones al IPC, a lo que se suma el ínfimo avance de la recaudación derivado de la próxima alza de cotizaciones. A todo ello se añade ahora el hecho de que una reforma decisiva para el futuro nace sin consenso.