Un gravoso impuesto al trabajo

El anteproyecto de Presupuestos Generales para 2022 prevé que la Seguridad Social recaude en ese ejercicio 136.345 millones en concepto de cotizaciones sociales, un 9% más con respecto a este año.

El Gobierno se afana en destacar la importancia que en ese incremento tiene la recuperación económica y, en paralelo, la propia del mercado laboral. Ahora bien, no es solamente el final de la crisis lo que influye. Debe tenerse en cuenta el esfuerzo que supondrá el nuevo incremento de las bases máximas de cotización. Debido a este cambio, el tope de las aportaciones de los sueldos más altos se elevará desde los actuales 4.070 euros por año a 4.139. La imposición de una mayor exigencia en sus pagos a trabajadores y empresas dista mucho de ser un fenómeno nuevo. En el caso de las bases máximas de cotización, el crecimiento se produce de modo casi ininterrumpido desde 2013, sin que estos contribuyentes se beneficien de una compensación de cuantía comparable en sus futuras pensiones. De hecho, el conjunto de los pagos por este concepto a la Seguridad Social muestra un llamativo avance del 18% con respecto a 2018, cuando el presidente Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Otras estadísticas muestran cómo las empresas españolas han visto incrementado, en ese mismo periodo, el desembolso total de impuestos que afrontan (incluyendo además el IVA y retenciones sobre el IRPF) hasta una proporción de 1,69 euros por cada euro que pagan de salario a cada uno de sus trabajadores.

El esfuerzo fiscal exigido a empresas y trabajadores continúa al alza y supone un perjuicio para la creación de empleo

Cifras así evidencian el alto gravamen que la creación de empleo soporta en España y los problemas que puede plantear en un momento en el que cientos de empresas atraviesan aún dificultades.