Las rémoras de las ayudas a pymes

El plan del Gobierno para ayudar a los sectores más afectados por la crisis arroja un balance hasta el momento muy decepcionante. La iniciativa presentó importantes taras en su diseño, debido al escaso volumen de los recursos que moviliza y al retraso acumulado, respecto a los países de nuestro entorno, en cuanto a su puesta en marcha.

Pero, además, su funcionamiento mismo también revela problemas. Cuatro meses después de su aprobación, sólo se ha liberado un 40% de los 7.000 millones previstos para transferencias a fondo perdido a pymes y autónomos en sectores tan dañados como la hostelería. En otras palabras, un año y medio después de iniciarse la crisis, cerca de 5.000 millones esperan todavía asignación pese a que miles de negocios están en situación límite, tras cinco oleadas del virus y el auge de los costes a los que hacen frente.

Ante esta situación, el Gobierno estudiará en septiembre la posibilidad de que estos fondos puedan destinarse a liquidar deudas y aplazamientos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Sería, sin duda, un paso adecuado pero, como las asociaciones de autónomos reclaman, urge también revisar el pliego de condiciones para aligerar las trabas burocráticas que ahora presenta.

Trabas burocráticas

La normativa impuesta por Hacienda a las autonomías exige que cada pyme o trabajador por cuenta propia justifique, caso por caso, sus pagos a proveedores y acreedores así como sus costes fijos. Se trata de una tramitación muy prolija, responsable de que se pierda un tiempo precioso en el caso de unos negocios ya contra las cuerdas. La elevada burocracia resta así eficiencia a unas ayudas que ya están sometidas a una lista demasiado larga de rémoras.