Grave problema en el sector público

La Comisión Europea prevé que el déficit público estructural de España se sitúe el año que viene en el 5,2% del PIB, lo que supondrá el mayor registrado en el conjunto de la UE.

No cabe invocar la gravedad de la crisis, cuyo fin definitivo aún se antoja lejano, para intentar justificar este lamentable récord. El déficit estructural equivale al porcentaje de los números rojos de las Administraciones que está desligado del ciclo económico actual. En otras palabras, su origen se encuentra en el sistemático desequilibrio que los gastos y los ingresos públicos presentan, heredado de los años anteriores a la pandemia. Al tratarse de un déficit ajeno al devenir de la crisis, no puede fiarse su corrección al fuerte crecimiento del PIB que se espera para este año y para el próximo. De hecho, amenaza con prolongarse mucho más, con independencia de que el virus remita y se normalice la actividad económica. De hecho, existen cálculos organismos como el Círculo de Empresarios que avisan de la permanencia del déficit estructural en niveles muy altos durante toda una década. Otros países como Italia también presentarán un desequilibrio de este tipo muy elevado en 2022. Sin embargo, se diferencian de España en que sus Gobiernos ya han previsto en sus Planes de Recuperación mecanismos para reducirlo a partir de 2023. Por el contrario, la hoja de ruta que el Gobierno español presentó a Bruselas, aunque obtuvo el aprobado, carece de ese tipo de protocolos.

Falta aún una hoja de ruta para reducir el elevado déficit estructural que muestran las Administraciones españolas

El modo en que el Gobierno cierra los ojos a este problema tendrá un alto coste, no sólo en términos fiscales y financieros. Un déficit estructural superior al 5% viola flagrantemente las reglas de estabilidad europeas y, en el medio plazo, volverá a crear tensiones con la Comisión.