Movilidad: urge adaptar la regulación
Jaime Rodríguez de Santiago
Desde la irrupción de los smartphones, el sector de la movilidad se ha transformado radicalmente. De su mano llegaron las primeras apps para pedir taxis o VTCs y, después, patinetes o bicicletas eléctricas. Cada vez somos más los que consideramos que tener un vehículo en propiedad es algo secundario, y quienes vemos la movilidad como un servicio dentro de una industria que depende de internet. De hecho, según la consultora Markets and Markets, el mercado de movilidad como servicio (MaaS) alcanzará un volumen de 59.600 millones de euros en todo el mundo en 2030. Por eso la industria ha de ser tan ágil como lo es cualquier negocio con una base digital.
En esta línea, para 2025 se espera que el 48% de los ingresos del segmento del taxi y VTC provengan de la venta online de sus servicios, según Statista. Frente a esta realidad, el marco regulatorio sigue lejos de haberse adaptado y, paradójicamente en su intento de protegerlos, deja sectores, como el del taxi, indefensos frente a los nuevos jugadores.
Además, el COVID-19 ha acelerado la necesidad de cambio. Por un lado, porque los ciudadanos son más conscientes de los beneficios de reducir la contaminación y el tráfico con la llegada de la pandemia, que nos ha forzado a desplazarnos menos en coche. Por otro, porque han surgido nuevas demandas relacionadas con la seguridad y la higiene. El taxi, de hecho, ha sido ejemplar durante la pandemia, tanto en su adaptación como en su vocación de servicio y solidaridad, con cientos de taxistas voluntarios desplazando a sanitarios en los momentos más duros del confinamiento. De igual manera, lleva años trabajando de forma constante en la mejora de la calidad del servicio y la adaptación a un entorno más digital, apoyándose en plataformas como FREE NOW.
La normativa impide al sector del taxi adaptarse y provoca una gran pérdida de clientes
Sin embargo, todos estos esfuerzos no valdrán de nada si no se toman medidas para que el taxi pueda competir en igualdad. Algo tiene que cambiar. Estamos ante un nuevo entorno de movilidad que tiene que debatirse en conjunto, con la participación de todos los agentes que conforman el sector. Abrir este debate es esencial, porque muchas de las restricciones de la normativa actual -que buscan proteger al taxi- en la práctica impiden su adaptación a este nuevo panorama y hacen que pierda clientes en favor de otras alternativas, que cada vez son más numerosas. En este sentido, el sector del taxi necesita disfrutar de mayor flexibilidad para mejorar su competitividad, hacerlo más sostenible y prepararse para encarar una movilidad urbana de futuro mejor en nuestras ciudades. Es una buena noticia que el Ayuntamiento de Madrid esté trabajando en la nueva ordenanza de movilidad, que una vez aprobada, previsiblemente el próximo mes de mayo, dará más flexibilidad al sector.
Sin embargo, hay que seguir trabajando en esa dirección. Cuando todo ha cambiado, regular el sector de la misma manera que hace más de 30 años no tiene ningún sentido. Esta flexibilización haría más eficiente y competitivo al taxi, lo que mejoraría los ingresos de los taxistas y reforzaría la continuidad de su negocio. Además, según el informe Perspectivas del futuro de la movilidad urbana en España de PwC, la implementación de estas propuestas supondría para Madrid y Barcelona de forma conjunta una contribución total de 214 millones de euros y un ahorro de emisiones de 33.052 toneladas de CO2 y 47 toneladas de NOx (dióxido de nitrógeno y óxido nítrico).
Estas medidas están encaminadas a la revisión de las restricciones al número de licencias y la flexibilización parcial de precios, que son las principales medidas en términos de impacto y tienen la capacidad de generar una contribución potencial sobre el bienestar de los usuarios de 133,4 millones. Más concretamente, la promoción del taxi compartido generaría ahorros para los usuarios por valor de 70,7 millones. La eliminación de las limitaciones geográficas tendría un impacto de 5,4 millones. Por último, el impacto de la flexibilización de jornadas y turnos ascendería a 4,5 millones.
Pero esta transformación no debemos hacerla en solitario. Todos los jugadores involucrados debemos colaborar para encontrar la mejor solución para todos, ciudadanos y conductores, y entender cómo queremos garantizar el futuro del sector en un mundo más digital, rápido y competitivo. Es el momento de que la administración dé nuevos pasos y nos ponemos a su disposición para generar propuestas constructivas que puedan dar respuesta a las necesidades actuales del sector y de los usuarios.