Grave amenaza en el inmobiliario

La negociación de la futura Ley de Vivienda entre PSOE y Podemos ha creado inquietud en el sector inmobiliario español, por el empecinamiento del partido morado de usar esa norma para intervenir el mercado del alquiler residencial.

Es cierto que el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana transmite tranquilidad y asegura que la Ley no contendrá mecanismos que distorsionen la libre competencia. Sin embargo, sus esfuerzos chocan contra el irresponsable mensaje que otros niveles de las Administraciones lanzan, y que ya causa serios temores, como denuncian los expertos consultados por elEconomista. A ello contribuye decisivamente el vicepresidente Iglesias con la inclusión del límite a los alquileres entre los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, ya aprobada en Consejo de Ministros. Pero más preocupantes aún son las acciones que determinadas autonomías se han permitido llevar a cabo. Cataluña ya lanzó una regulación de los arrendamientos cuya flagrante ilegalidad ha obligado a intervenir al Constitucional. Y, esta misma semana, el Govern de Baleares llegó a un extremo inaudito al expropiar casi 60 viviendas para destinarlas a alquiler social, pasando por encima de los títulos de propiedad de bancos y de fondos de inversión. Medidas como éstas suponen traspasar las líneas rojas que protegen a un derecho fundamental amparado por la Constitución.

Las acciones contra la propiedad privada, como la reciente expropiación en Baleares, ahuyentarán a los inversores

Con ello, sólo se logrará crear una inseguridad jurídica que ahuyentará a todo tipo de inversores y propietarios. Entre los damnificados no sólo se contará el mercado del alquiler, en el que se verá contraída la oferta. El conjunto de la economía se resentirá al verse truncada la recuperación de unos de sus sectores ahora más dinámicos.