Ayuda vital para la Seguridad Social

La diferencia que en España existe entre la edad real y la oficial de jubilación plantea importantes problemas al sistema de pensiones. Es por ello razonables que el Ministerio de Seguridad Social trabaje ya en medidas para eliminar esa brecha como la propuesta la semana pasada.

En concreto, el ministro Escrivá abogó por elevar las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, cuyo promedio se sitúa ahora en el 4%, un porcentaje demasiado bajo para que cumpla con efectividad su labor de desincentivo. Sin embargo, no basta con los castigos; es necesario recurrir además a los estímulos para la prolongación de la vida laboral. Sin embargo, hay sectores en los que este último tipo de políticas están condenadas a las esterilidad, ya que sus convenios colectivos someten a sus trabajadores a cláusulas de jubilación forzosa, aun cuando sean asalariados de alta cualificación que podrían seguir desempeñando sus funciones. Esta inflexibilidad lleva años causando problemas y, de hecho, la reforma laboral de 2012 consiguió su desaparición. Años después, el Gobierno de Pedro Sánchez la restituyó, lo que no impide a Escrivá volver a abogar ahora por su desaparición. La postura del ministro es coherente, al dejar las cuestiones ideológicas aparte, y reconocer que este límite a la prolongación de la vida laboral causa ahora incluso mayores perjuicios que en 2012.

El sistema de pensiones no puede permitirse la inflexibilidad de algunos convenios que imponen la jubilación forzosa

Desde entonces la situación de la Seguridad Social no ha dejado de deteriorarse y ya se espera una cifra de déficit histórica en el cierre de su contabilidad relativo a 2020. Conviene, por tanto, abrir este debate con los agentes sociales para evitar un deterioro y prestar a esta Administración una ayuda, mediante la prolongación de la vida activa que ya es clave.