Es urgente pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa

Sin una intervención extensa e intensiva para mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio en España no será posible alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por el Gobierno, por la Unión Europea y por el Acuerdo de París, ni conseguir la necesaria tracción para que España se recupere de los efectos económicos de la crisis del COVID-19 en el menor tiempo posible.

La Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno acaba de remitir a la Comisión Europea prevé un ahorro del consumo de energía final de los edificios de uso residencial del 37,2% hasta 2050 y del 15,3% en el periodo 2021-2030. Sólo para la próxima década, el escenario objetivo del Gobierno establece una reducción de las emisiones de CO2 del 37,1% en el sector residencial; es decir, 6.319 kilotoneladas equivalentes de CO2, a los que hay que sumar otras 1.378 kilotoneladas en los edificios de uso terciario.

En la citada ERESEE 2020, el Gobierno estima que solo con la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones se movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos públicos.

Estas actuaciones generarían una media anual de 51.200 empleos, puestos de trabajo que además no se pueden deslocalizar, con una aportación incremental del 0,47% al PIB estimado para ese año.

La rehabilitación es una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables

Asimismo, la estrategia calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la factura energética de los hogares; un impacto positivo en las cuentas públicas, y un aumento en la renta disponible de los hogares en todos los tramos de renta, con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más bajos (del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la población con menor renta, respectivamente).

La rehabilitación es por ello una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética, como ha señalado la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en su informe Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión, del pasado mes de abril.

La eficiencia energética es, por tanto, una cuestión de interés general y la forma más inmediata, segura y barata de alcanzar los objetivos medioambientales y de contribuir al crecimiento y el bienestar de los ciudadanos.

Sin embargo, en nuestro país no contamos todavía con el marco normativo y regulatorio siquiera suficiente para satisfacer esta necesidad y aprovechar esta oportunidad.

La transición energética necesita una batería de medidas jurídicas y no estratégicas

"La eficiencia energética no es tan sexy como las renovables, o el coche eléctrico", como ha insistido Fatih Birol, presidente de la AIE. Detrás de la rehabilitación energética de edificios están empresas, en su mayoría pymes y autónomos. Este sector no anuncia proyectos millonarios de cientos de megawatios, sino decenas de miles de pequeños proyectos. La eficiencia energética en la edificación es un ecosistema (el más sostenible del planeta) de pequeños instaladores, arquitectos, ingenieros, constructores, certificadores, auditores, electricistas, albañiles, peones, etc., que, pese a todo y no salir en titulares, entre todos, son los únicos capaces de hacer realidad esos más de 51.000 nuevos empleos al año, esos más de 27.000 millones de euros de inversión, esos más de 7.000 millones de ahorro en la factura eléctrica de los hogares españoles y esas más de seis mil kilotoneladas de reducción de emisiones de CO2,.

El momento es ahora. En septiembre, todo el paquete de recuperación europeo va a empezar a desplegarse. Para entonces, España debe haber puesto en marcha las reformas legislativas que eliminen las barreras jurídicas, trabas administrativas, fiscales y financieras, que hoy son el principal impedimento para conseguir el ritmo de rehabilitación energética que necesitamos..

Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa

La señalada dimensión de interés público que tiene la eficiencia energética, junto a la urgencia y la colosal dimensión del apunta a que la vía más inmediata será la actual tramitación del Proyecto de Ley de Cambio Climático incorporando enmiendas que introduzcan en nuestro ordenamiento figuras y mecanismos que permitan sortear las actuales barreras en este sector o en el peor de los casos, acompañar a los dos únicos párrafos del Articulo 7 dedicados en todo el Proyecto de Ley a la Eficiencia Energética, de unos principios generales que informen y condicionen el desarrollo reglamentario posterior y que permitan abordar la eficiencia energética con la profundidad, transversalidad y ambición que merece.

Desde Greenward hemos elaborado, consensuado y planteado a los distintos grupos parlamentarios y Ministerios implicados, cuatro propuestas concretas de enmiendas relativas a modificaciones para introducir en España el sistema de financiación PACE Norteamericano, reformas a la Ley de Propiedad Horizontal, un nuevo mecanismo de garantía real para proyectos de eficiencia energética y un nuevo sistema habilitante para poder facturar por eficiencia energética que entendemos serían un estímulo de primer orden para empezar a hacer realidad el despegue de este sector y la canalización de la necesaria inversión privada.

Lo que la transición energética en España necesita no son más estrategias y objetivos, en cuya ambición vamos a la cabeza de Europa, sino una batería de medidas concretas, nuevos instrumentos, mecanismos y figuras jurídicas y financieras que han demostrado su efectividad en otros países de nuestro entorno, que les está permitiendo colocarse en una mejor posición para aprovechar la ola inversora.

España no se puede permitir quedarse atrás.