Irresponsable gestión de Trabajo

Son bien conocidas las preocupantes circunstancias que rodearon a la decisión del Gobierno de imponer la parálisis de toda actividad no esencial, en los días previos a Semana Santa y durante ese mismo periodo vacacional.

Los ministros económicos se opusieron a una medida tan extrema y en ningún momento se consultó a las patronales de los sectores más afectados, la industria especialmente. Sin embargo, la lectura de la memoria económica que acompañó a ese Decreto-Ley delata una realidad todavía más preocupante. El Ministerio de Trabajo no contó con ningún tipo de análisis previo no sólo acerca de las consecuencias que podía acarrear el cerrojado de la economía. Tampoco se asesoró en lo más mínimo a la hora de trazar una hoja de ruta sobre cómo debía llevarse a cabo esta congelación de la actividad. Sin duda, la improvisación, las decisiones unilaterales y los virajes bruscos en las decisiones (el presidente Sánchez descartó en un primer momento acometer un parón de este envergadura) han marcado la gestión del Gobierno desde que decretó el estado de alarma, a mediados de marzo. Sin embargo, en la actuación de Trabajo se cometió una temeridad que va más allá de la incertidumbre que crean los cambios de criterio sin clara justificación. El permiso forzoso de los trabajadores de las fábricas supuso un importante sobrecoste para las empresas, pero lo realmente grave es que una medida de excepción como ésta puso en peligro la integridad de las cadenas de suministros de la economía.

Una decisión extrema, como es paralizar la industria, debería haber contado con el adecuado asesoramiento

Es más, también existía el riesgo de quebrar las cadenas exportadoras hacia otros países que tanto tiempo costó poner en marcha. Trabajo cometió una grave temeridad al actuar de este modo.