Inseguridad que impide invertir

Nissan confirma que cerrará sus fábricas de Barcelona. Se equivoca quien vea en ello un hecho aislado, fruto del modo en que la crisis agrava las dificultades que ya atravesaba el fabricante nipón. Otras marcas de automóviles estudian también su salida de España e igualmente multinacionales de otros sectores.

 Resulta muy significativo que, en tiempos difíciles, empresas de esta envergadura se planteen operaciones tan costosas como las que supone desinvertir en un país en el que llevan décadas presentes. Se trata del mejor indicador de hasta qué punto pierden la confianza en España en un momento histórico. Precisamente el debate sobre Nissan delata cómo la Comisión de Reconstrucción ya degenera en un altavoz para las actitudes extremistas de Pablo Iglesias. El vicepresidente no sólo se permitió insultar gratuitamente a Vox, sino que volvió a derrapar hacia posiciones bolivarianas, al abogar por nacionalizaciones en los casos de Nissan o Alcoa. Pero más grave resulta que Podemos rebase sus palabras. Además, sustancia su radicalismo en acciones tan graves como propiciar la desactivación de la reforma laboral. Acabar con esa norma supone excluir a España del Plan Marshall de ayudas europeas. Aunque el grueso de esa iniciativa se componga de transferencias a fondo perdido, el comisario Dombvroskis, y no los llamados países halcones del norte, es quien más hincapié hace en que no tolerará regresiones en reformas como la de 2012.

La salida de Nissan puede ser sólo el preámbulo del abandono de más firmas ante  la incertidumbre legal en España

No en vano Bruselas la elogió explícitamente, desde su promulgación, por la flexibilidad que brindó al mercado de trabajo. Prescindir de ella, equivale a aislar a España del auxilio europeo, cuando más lo necesita, y crear una inseguridad jurídica que hace imposible toda inversión