España necesita el esfuerzo fiscal de todos

Los impuestos, como consideraba el juez del Tribunal Supremo estadounidense, Oliver Wendell Holmes, "son el precio que hemos de pagar por una sociedad civilizada", y ese precio está subiendo, por los ingentes gastos derivados de la lucha contra el Covid-19, como compras de material sanitario, prestaciones de desempleo por despidos y ERTE, inyecciones de liquidez a empresas, y gastos sociales, poniendo a prueba no solo la salud de la ciudadanía, sino la propia economía.

Pese a que en estos momentos el pago de impuestos puede ser gravoso para muchos contribuyentes, el Gobierno, de momento, ha mantenido inalterados los plazos para presentar las declaraciones. Lo cual no quiere decir que se mantenga la obligación de ingresar para los que no son gran empresa. Y es que, como es conocido, todos aquellos que tengan un volumen de operaciones menor a seis millones de euros se podrán acoger a un aplazamiento de seis meses, sin interés los primeros tres, simplemente marcando unas casillas en una declaración, y sin necesidad de aportar garantía o documentación alguna, de forma automática. Esta medida, sumada a las moratorias de hipotecas y alquileres, o a la concesión de avales, contribuiría a mantener la liquidez de nuestra economía.

Las moratorias en el pago de impuestos contribuirán a mantener la liquidez de la economía

De ahí que la negativa de Hacienda a aplazar el pago de impuestos a las grandes empresas tiene sentido porque, además de tener capacidad económica, en su inmensa mayoría llevan mucho tiempo usando sistemas de teletrabajo que hace que no tengan grandes problemas de gestión para seguir con su actividad diaria, incluso en el actual contexto. Por ello, estas empresas, que además canalizan la mayoría de los ingresos fiscales nacionales a través de sus declaraciones de retenciones e IVA, deben seguir ingresando en plazo, so pena de gripar la maquinaria pública tan necesitada en estos momentos de sus ingresos.

Además, aplazar este vencimiento tributario a los contribuyentes de mayor tamaño supondría afrontar el siguiente con el doble de deuda, haciendo más gravoso su pago, y justificando la necesidad de nuevos aplazamientos, en el momento en que el Estado necesitará más recursos para engrasar la recuperación, amén de una gran tentación de defraudar, como ocurrió con la crisis de 2008 en la que se disparó el fraude fiscal.

No obstante, aunque es cierto que necesitamos el dinero, Hacienda no debería ser insensible a las necesidades de la ciudadanía y de las pymes, que se encuentran con profundos problemas logísticos, no solo para pagar sino para presentar sus declaraciones, y ser flexibles con los contribuyentes que quieren, pero no pueden cumplir. Y es que la ampliación de la duración del estado de alarma, más allá del plazo de vencimiento, supone dificultades añadidas para reunir las facturas que servirán para confeccionar las declaraciones, y riesgo de que las empresas se vean abocadas a declaraciones incompletas por falta de datos, que luego podrían incluso ser sancionadas. Por ello, no sería descabellado demorar a pymes y autónomos no solo el pago, sino también la presentación de impuestos, al menos hasta 10 días después de la finalización del estado de alarma.

Hacienda no puede ser insensible a las necesidades de las pymes y de los ciudadanos

En relación con la campaña de Renta recién iniciada, la AEAT va a profundizar en la ayuda telefónica, mediante la campaña Le Llamamos a través de la que un operador, telefónicamente, le hará la renta. Mantener el plazo de inicio es interesante y diría que necesario ya que la mayoría de las declaraciones que se presentan son telemáticas y salen a devolver, por lo que cuanto antes se presenten, antes serán devueltas. Todo ello supone un importante flujo de liquidez para el sistema. Sin embargo, también sería muy oportuno retrasar el fin de campaña puesto que ello beneficiará a aquellos a quienes que les salga a ingresar y a todos aquellos que se desplazan habitualmente a las delegaciones de Hacienda a hacer la declaración o a presentarla, puesto que las circunstancias actuales les impide hacerlo.

España necesita, especialmente ahora, el esfuerzo tributario de todos. Y si bien a nadie se le escapa que no es momento para aumentar la carga tributaria, tampoco parece que sea el momento para suspender de manera absoluta todos los ingresos públicos. La medida de no aplazar los ingresos de grandes empresas es importante para sostener los gastos necesarios para afrontar esta terrible pandemia, y solo podría plantearse en caso de que las otras medidas de liquidez diseñadas por el Ejecutivo no cumplieran con su función. Ello justifica la decisión del Gobierno que declara como servicios esenciales los prestados por asesorías y gestorías, para que nadie se quede sin ayuda para presentar sus declaraciones.

El Estado no puede desarmarse contra el coronavirus suspendiendo los plazos de presentación de autoliquidaciones de las grandes empresas, porque en este momento, la necesidad de recursos es crítica, tanto para vencer el virus, como para proteger a la economía. Estamos ante una serpiente que se muerde la cola, ya que necesitamos ingresar impuestos para gastar en beneficio de todos.

Sun Tzu ya advertía en El Arte De La Guerra que "cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión" y que "cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país." Por ello debemos evitar la ruina de nuestra nación y ser capaces de mantener nuestra aportación tributaria, con independencia de que tarde o temprano lleguen los recursos de la Unión Europea.