Prohibición que aboca a quiebras

El Consejo de Ministros extraordinario sorprendió al anunciar la prohibición temporal de llevar a cabo despidos, por causas económicas u organizativas, ligadas a la epidemia del coronavirus.

El hecho de que Italia tomara una decisión semejante, la semana pasada, no basta para permitirse menospreciar los importantes problemas que un paso de esta índole plantea. En primer lugar, resultan, una vez más, totalmente inaceptables los argumentos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Vuelve a estar fuera de lugar la alusión a un supuesto interés de las empresas en "aprovecharse de esta crisis" para hacer despidos. Díaz sigue abonando, sin base de ningún tipo, las sospechas hacia la clase empresarial, cuando éste es uno de los colectivos que más sufre las consecuencias de la epidemia, tras verse forzada, en muchos casos, a paralizar su actividad sine die. Es más, la nueva prohibición va a agudizar esos problemas.

Vetar a las empresas los despidos, en medio de una crisis como la actual, imposibilitará su misma supervivencia

Limitar el margen de acción de una empresa a hacer sólo ajustes temporales de plantilla, sin considerar el esfuerzo que esa obligación plantea en el medio plazo, hará muy difícil la supervivencia misma de múltiples firmas. Tampoco cabe esperar beneficios reales para los trabajadores. Muy probablemente, lo único que se logrará es que tengan que ser despidos definitivamente poco después de pasar por un Erte, lo que multiplicará los costes del proceso del ajuste. Todo apunta así a que la verdadera razón de ser de la nueva prohibición estribe en recurrir a un parche que alivie, momentáneamente, la situación de colapso, en la gestión de Ertes y despidos, por parte del Servicio Público de Empleo. El precio que se pagará por ello será muy elevado, en términos de aún más destrucción de empresas y puestos de trabajo.