La protesta del campo, ¿Un conflicto como el del taxi?

Las protestas del sector agrario no dejan de tener un aire de postal en blanco y negro. Y es que ya en 1977, con Abril Martorell de ministro del ramo, se produjeron importantes manifestaciones de agricultores cuyas demandas no diferían tanto de las que parecen ahora se plantean más de 40 años después: La falta de rentabilidad del campo. Está claro que en el origen del estallido de las protestas actual hay un alto componente emocional. El sector se siente agredido por la sociedad urbana: animalistas que liberan animales de granja que estaban "presos", sentencias judiciales prohibiendo que los gallos canten, afirmaciones de la ONU diciendo que una parte importante de la culpa del cambio climático la tiene el ganado, además de una cuestión que transciende a esta problemática, de mucho calado sociológico, como es "la España vaciada".

El problema agrario como tal, centrado en la insuficiencia de las rentas agrarias para la supervivencia del agricultor de a pie, tiene muchas facetas. Como bien apuntaba el profesor Sumpsi en un reciente artículo hay una parte estructural y una coyuntural y, además, la diversidad de problemáticas es muy distinta según el sector que se analice.

Tras el estallido, han ido apareciendo muchas reivindicaciones, la mayoría generalizaciones imprecisas sobre los precios percibidos, que han acabado coincidiendo en una común petición: la intervención directa sobre los precios y que no se disminuyan las subvenciones de la PAC, lo que resulta una doble irreflexión. La principal cuestión sobre la que se está debatiendo son las diferencias sobre los márgenes que reciben los distintos eslabones dentro de la cadena alimentaria, con opiniones contrarias entre los representantes de la distribución y de la producción. Parece mentira que 30 años después de que surgiera esta discusión, todavía se discuta sobre galgos y podencos, sin que exista, o se cite, un informe de referencia donde un grupo de expertos haya podido determinar cuáles son los costes y las ganancias de cada uno de los eslabones de la cadena.

En cualquier caso lo que sí parece claro es que las responsabilidades de las crisis agrarias hay que repartirlas entre los representantes de toda la cadena alimentaria, administraciones publicas incluidas. La cadena de valor agroalimentaria funciona eficazmente según los criterios de mercado, compitiendo los minoristas ferozmente entre ellos, pero es injusta por la diferente fortaleza de los eslabones. Y en ello la Administración debe hacer más al respecto. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que nació para poner orden al respecto, no está siendo eficaz y algunos mecanismos creados como el Observatorio de los precios apenas han tenido actividad.

Además, es necesario volver a regular la prohibición de la venta con pérdidas, en la misma y eficaz redacción contenida en la Lorcomin de 1996, pero trasladando la vigilancia de su cumplimiento a la Aica, dada la ineficacia mostrada por las CCAA, competentes según aquella ley. Otra cuestión que requiere acción inmediata es la equidad en el tratamiento de los productos importados. En el marco de la PAC, se exigen medidas medioambientales y de bienestar animal, que no se aplican a las importaciones de países terceros con las que se acaba compitiendo en nuestro propio mercado. Y eso es competencia desleal. Hace pocos días se publicó un estudio sobre presencia de residuos de plaguicidas, no autorizados a los productores europeos, en cítricos surafricanos: más de cincuenta y algunos prohibidos en Europa desde hace cuarenta años. Que las exigencias sean simétricas es de justicia elemental.

El resto de cuestiones debe basarse en la competencia de las propias empresas involucradas: como en la negociación comercial el tamaño sí que importa, el que los eslabones se fortalezcan es responsabilidad de ellos y los poderes públicos deben facilitar ese proceso quitando regulaciones administrativas que lo obstaculizan.

Por otro lado, parece que, por fin, la distribución se ha dado cuenta, después de justificarlo o silenciarlo durante mucho tiempo, de que España cuenta con una cesta de la compra con uno de los más bajos índices de precios en la Europa Occidental a excepción del Reino Unido y tal y como se recoge tomando fuentes de Eurostat en el Informe 2018 del Observatorio del Sector Agroalimentario Español de Cajamar. Y mientras, en otros sectores como telefonía o electricidad, somos los campeones europeos del gasto. Este aspecto es relevante no solo porque en el fondo se está produciendo por parte del consumidor un trasvase de renta desde sectores como el alimentario que producen y dejan valor en nuestro país frente a otros que lo hacen mucho más lejos, sino porque parte de esos costes inciden negativamente de forma directa en el sector agrario, y tal vez, la disminución de la carga fiscal de esos costes más altos, como gasóleo o electricidad, o una regulación específica de su funcionamiento, serían mejoras razonables.

Por último los propios agricultores. No puede, como ya decía el profesor Sumpsi quejarse el sector agrario de no estar apoyado, y subvencionado, por los poderes públicos no solo a través de la PAC sino con fondos nacionales y regionales adicionales; apoyos, que dicho sea de paso, no siempre siguen criterios de eficiencia a la hora de otorgarse. Para un ciudadano europeo de a pie parece razonable que, con la marcha de Reino Unido, uno de los principales economías de la Unión, su presupuesto descienda necesariamente y, una parte de ese descenso, deba afectar a los fondos agrícolas.

En España conviven explotaciones y grupos cooperativos enormemente eficientes con otros que no lo son y que necesitan una reconversión a fondo. El problema es que las organizaciones muchas veces defienden tanto o más a los no eficientes, como a los eficientes. Por lo tanto es importante que la respuesta política que se dé desde la administración a esta crisis no incida de nuevo en seguir apoyando a explotaciones y sectores que han sido, son y serán ineficientes, sino centrarse en cómo se puede llevar al sector al nivel de aquellos que, no por grandes, sino por eficientes, son las que tienen futuro.

La revolución tecnológica es apabullante y su aplicación permite ganancias relevantes de productividad. Para incorporarlas hay que tener desarrollarlas conectividad en el territorio, mucha investigación e innovación y mucha formación en los empresarios. Estamos a la cola de Europa en ambos requerimientos. Una investigación aplastantemente pública, que nos hace ser el segundo país del mundo en publicaciones científicas en el área…pero el 32 en patentes, y uno de los países de la UE con peor formación en los gestores agrarios: el 83% no han recibido ninguna formación distinta de la experiencia del día a día.

Y los sobrecostes geopolíticos. La falta de una política exterior clara y coherente tiene consecuencias negativas sobre los sectores exportadores y este sector es uno de ellos: la pérdida del mercado ruso, los aranceles de EEUU, que se pueden ver agravadas próximamente por la imposición de a tasa Google o la implantación del 5G con tecnología china, son datos de estos costes sobrevenidos. Hay deberes para todos. Algunos, los reglamentarios, fiscales y de control, pueden ser a corto plazo, pero los demás requieren trabajar a largo plazo con una implicación de los propios titulares del sector agrario y del resto de la cadena. Hay muchas razones para las protestas, pero para que el sector agrario no acabe imitando al taxi, debe hacer también autocrítica y no limitarse a quejarse de los problemas que tiene o a proponer medidas inviables (control de precios o no disminución de las subvenciones PAC). Que sea capaz de ver sus carencias, prepare sus mejoras a largo plazo, actué y se mueva. Solo así conseguirá seguir siendo una referencia para la sociedad española.