La peor amenaza para el empleo

Desde que se conformó el nuevo Gobierno, resulta evidente la disparidad de criterios sobre el futuro de la reforma laboral de 2012 entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La autoridad de esta última ya ha puesto coto a las intenciones de acometer una derogación completa de esta norma. Por su parte, Díaz, aunque sigue abogando en público por la plena abolición, se inclina ya a desactivar aspectos puntuales de la norma, lo que también despierta las reticencias de Calviño.

 La posición de la ministra de Economía es plenamente comprensible. Un cambio que se focalizara en impedir el despido justificado por acumulación excesiva de bajas médicas no es en absoluto un cambio menor. Esta política se encuentra avalada por el Constitucional como un medio legítimo para afrontar un problema tan arraigado como el absentismo, cuyo coste asciende a 84.000 millones. Pero los daños todavía serían mayores si se ve atacado uno de los pilares mismos de la reforma laboral: la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Una disposición así implica una herramienta de enorme valor, no sólo para que las compañías mantengan sus plantillas, sino para asegurar su supervivencia misma.

Nada sería peor que volver a obligar a las empresas a subir salarios en momentos de desaceleración o de recesión

La primacía del convenio empresarial, sumada a la limitación del periodo de vigencia de los acuerdos salariales (la ultraactividad), es necesaria para evitar anomalías tan flagrantes como la acaecida en 2009. Fue ése un año de recesión económica, en el que las empresas se vieron obligadas a subir sueldos. Hacer que el mercado laboral retroceda a esa situación constituye una amenaza de primer orden para un mercado de trabajo ya en tensión por el rápido avance de los costes laborales.