Subterfugios para no bajar el gasto

Hacienda tiene pendiente el pago de 2.000 millones destinados al sistema eléctrico. Se trata de una cantidad derivada, en gran parte, de los impuestos energéticos y de la recaudación de las subastas de derechos para emitir dióxido de carbono. El Ejecutivo está lejos de cometer una arbitrariedad con esta demora; de hecho, tiene plazo hasta octubre para hacerlo.

Ahora bien, el hecho de que se trate de una práctica legal no implica que sea inocua. Ya surgen recelos entre las empresas distribuidoras y generadoras sobre cómo va a afectar al déficit de tarifa. Costó años poner un coto al crecimiento del desequilibrio entre los ingresos y los costes reales del sistema eléctrico, y ahora existe una seria amenaza de que resurja. No en vano ya el pasado noviembre los números rojos eran un 86% más altos que en 2018. Pero, además, existe la sospecha de la que demora en los pagos por parte de Hacienda no tiene justificación financiera o económica. Al contrario, parece ser un subterfugio para ofrecer a Bruselas unas cifras más presentables de evolución del déficit público, ahora que es necesario ganarse la voluntad de la UE para lograr una suavización de la senda de estabilidad presupuestaria. Todo apunta a que la misma lógica manda en el caso de los 2.500 millones en liquidaciones derivadas del IVA que las autonomías esperan desde 2017, y que Hacienda ya aseguró que no va a hacer. En total son 4.500 millones cuya retención causa problemas a los Gobiernos regionales y al sistema eléctrico.

La contención del déficit no debe basarse en retenciones en los pagos que lastran al sistema eléctrico y a las CCAA

Estas maniobras contables no son el modo adecuado de conseguir la confianza de nuestros socios europeos. Un verdadero compromiso con la contención del déficit exigiría alguna medida de contención del fuerte aumento que el gasto público experimenta.