Gasto público: perniciosa evolución

Más de 14 millones de personas reciben un salario o una transferencia (pensiones, subsidio por desempleo y otras ayudas semejantes) de las Administraciones españolas. Se trata de un número muy abultado que supera en 530.000 individuos al total de asalariados del sector privado. Lo previsible es que esta diferencia vaya a más en el corto-medio plazo.

No en vano nos encontramos a las puertas de que las primeras cohortes de la generación del llamado baby-boom comiencen a jubilarse, lo que provocará un notable incremento del número de pensionistas. En cuanto a los empleados públicos, funcionarios y personal contratado, Estado y autonomías ya reactivaron el año pasado las convocatorias para volver a elevar las plantillas. Por el contrario, en el sector privado, es posible que se dé el fenómeno opuesto, ya que la creación de empleo desacelera e incluso se arriesga a paralizarse, si siguen aumentando los costes laborales de las empresas, como demuestra la nueva subida (5,5%) del salario mínimo mientras las contrataciones perderán flexibilidad, en caso de que se deroguen varios capítulos clave de la reforma laboral. En este contexto, resultan especialmente negativas las recientes decisiones de aumento del gasto público del Gobierno. Así, no sólo habrá más beneficiarios de las pensiones; además, el desembolso que éstas exigen será mayor por el afán de revalorizarlas con el IPC toda la legislatura.

La brecha entre asalariados del sector privado y personas que cobran de las Administraciones seguirá al alza

De igual modo, la plantilla de empleados públicos no sólo crece sino que será más costosa tras aprobarse su reciente alza salarial del 2%. La evolución del desembolso de las Administraciones es ya preocupante y la respuesta a ella no es una mera renegociación de los objetivos de déficit de la UE, sino una contención real del gasto.