La transparencia que el BCE necesita

El BCE experimenta un cambio de guardia: una nueva presidenta, un nuevo economista jefe y dos nuevos miembros del Comité Ejecutivo. Y el nuevo liderazgo del BCE se enfrenta a un año polémico en 2020.

Para empezar, la última reunión del expresidente del BCE, Mario Draghi, estuvo marcada por las disputas sobre la flexibilización cuantitativa y el papel del presidente en la toma de decisiones, lo que puso de relieve el desacuerdo en el Consejo de Gobierno (compuesto por el Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales) sobre la estrategia monetaria. ¿Debería el BCE mantener su objetivo puntual de inflación pero hacer que dicho objetivo sea simétrico, en contraste con el actual "por debajo pero cerca del 2%"? ¿O debería abandonar toda esperanza de acercarse al 2% y conformarse con el 1,5%?

También está la afirmación de la sucesora de Draghi, Christine Lagarde, de que el BCE debería centrarse en el cambio climático, aunque la cuestión no forme parte del mandato del banco central (y aunque la política monetaria no sea un instrumento obvio para abordarlo).

Resulta oportuno que la entidad haya iniciado una revisión exhaustiva de sus estrategias

Por lo tanto, es oportuno que el BCE haya iniciado una revisión exhaustiva de su estrategia. La discusión franca de las alternativas, respaldada por un análisis sistemático de la estructura de la institución, no puede sino ayudar. Sin embargo, si bien la ponderación de las alternativas está muy bien, la idea de que una revisión estratégica debe producir un consenso sobre los objetivos, instrumentos y estrategias es errónea. Incluso las personas bien informadas pueden discrepar sobre los matices de la política, porque, como sucede a menudo, ponderan diferentes variables de manera dispar. El consenso puede reflejar el pensamiento de grupo, y el pensamiento de grupo puede hacer que los comités de políticas, que se ven reforzados por una diversidad de puntos de vista, pasen por alto riesgos importantes.

La cuestión es cómo manejar los desacuerdos. El statu quo, por el cual el presidente celebra una rueda de prensa y presenta la decisión política como un consenso, después de la cual uno o más miembros del Consejo de Gobierno pueden emitir una declaración de disentimiento, no pone en buen lugar a ninguno de los interesados. Socava la legitimidad de la política, porque el BCE sólo proporciona información parcial y contradictoria sobre las opiniones de los responsables de la toma de decisiones y las razones que las sustentan.

Los votos que los miembros del banco central efectúan deben hacerse públicos

Recientemente, Ignazio Visco, gobernador del Banco de Italia, propuso que el Consejo de Gobierno votara sobre las decisiones consecuentes y anunciara los resultados. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Sveriges Riksbank, entre otros, ya lo hacen. La disensión, cuando se produce, demuestra que los responsables de la política económica participan en un saludable intercambio de ideas. Cuando se anuncian sus votos, se sienten presionados para explicar por qué han decidido ponerse del lado de la mayoría o disentir de ella.

La independencia de los bancos centrales sólo es sostenible cuando los responsables de la formulación de políticas rinden cuentas de sus actos. Y sólo serán responsables si se ven obligados a defender sus decisiones ante la opinión pública. Si la transparencia es esencial para la rendición de cuentas, entonces la publicación de los votos, junto con las actas - y, con un retraso, las transcripciones - es la forma definitiva de transparencia. Hoy en día, con la independencia de los bancos centrales amenazada frente al poder político, es aún más esencial.

Además, la publicación de los votos tiene otras ventajas. Ayuda a señalar la futura política monetaria. En otras palabras, actúa como una especie de orientación hacia adelante, que es una herramienta esencial en un entorno de tipos de interés bajos. Los votos también son una fuente de información sobre las perspectivas macroeconómicas de las autoridades, lo que resulta útil para los inversores.

El argumento en contra de la publicación de los votos es que el Consejo de Gobierno del BCE está dominado numéricamente por los gobernadores de los bancos centrales, que son nombrados a nivel nacional, y que, por lo tanto, se sentirán presionados para apoyar las políticas que son de interés nacional, en lugar de las de la zona del euro. Esto es diferente de la situación de otros bancos centrales. En EEUU, los presidentes de las difrentes reservas federales son seleccionados por directores que residen en sus distritos. Pero algunos de estos directores son nombrados por el Consejo de la Reserva Federal, es decir, a nivel nacional. Desde la promulgación del Acta Bancaria de 1935, que reformó la Reserva Federal, se ha entendido que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votan teniendo en cuenta los intereses de toda la economía de EEUU, no de su región de origen.

Evidentemente, esta no es la actitud de los líderes nacionales de Europa, a quienes les preocupa que la política del BCE afecte de forma diferente a los distintos países. Si sus votos se publican, es más probable que los miembros del Consejo de Gobierno atiendan a las prioridades nacionales. De lo contrario, se arriesgarían a ser reemplazados por personas más influenciables.

Tal cinismo subestima a los banqueros centrales de Europa. Puede que hayan cometido errores, pero no han demostrado estar dispuestos a doblegarse a la opinión popular para conservar sus puestos de trabajo. Tan importante como su voto, además, es su capacidad para convencer a sus colegas de la validez e integridad de sus argumentos. Los banqueros centrales ciegamente obedientes que carecen de esta integridad no podrán persuadir a sus colegas. Se encontrarán aislados y consecuentemente en minoría.

Se dice que votar es un deber en una democracia. Sin embargo, a diferencia de las elecciones democráticas, quienes establecen la política monetaria del BCE no sólo deben votar, sino también revelar cómo votan.