Una lógica desconfianza de la UE

El Gobierno continúa con su plan de negociar con la UE una senda de reducción del déficit más suave, de modo que el equilibrio presupuestario se logre en 2022 ( y no un año antes como se comprometió el último Gobierno del PP). El primer escollo se sitúa en el recién comenzado 2020, un ejercicio para el que Bruselas reclama un ajuste de 8.000 millones en las cuentas públicas.

 Moncloa espera lograr una reducción de esa meta hasta los 5.000 millones, pero no puede decirse que esté haciendo méritos para ganarse la buena disposición del Ejecutivo comunitario. En el recién inaugurado Consejo de Ministros de los martes, volvió a darse otro impulso al gasto público con la aprobación del alza salarial a los funcionarios del 2%. Se trata de una cifra mucho más alta que la tasa de inflación con que cerró 2019 (0,8%) y que también rebasa con creces la previsión de inflación para 2020 (0,9%). Como resultado, se sumarán otros 3.200 millones a un capítulo, el desembolso público, ya incrementado por el alza del 0,9% en las pensiones, la eliminación de los copagos farmacéuticos, o la recuperación del subsidio para parados de larga duración mayores de 50 años. En el capítulo de los ingresos el Gobierno tiene también poco que ofrecer. A las dudosas previsiones sobre el efecto de las alzas fiscales que prevé, se suman ahora unas previsiones de avance del PIB más moderadas (lo demostró esta semana el FMI) que necesariamente afectarán al volumen total de recaudación.

El Gobierno no ofrece argumentos fiables para suavizar los ajustes esperados en 2020 y la senda de déficit

Sobre base tan endebles, y sin contemplar reducción alguna del gasto, resultará lógico que la nueva petición del Gobierno, sobre el ajuste presupuestario de 2020, se tope con la misma desconfianza en Bruselas que ya provocó su afán de suavizar la senda de déficit.