El acuerdo que las pensiones necesitan

El sistema de pensiones sufre cada vez más presión debido al creciente déficit estructural de la Seguridad Social. Un déficit causado, entre otros factores, por el envejecimiento de la población y España, recordemos, es uno de los países más envejecidos del mundo. Y, sin embargo, ningún partido político ha propuesto aún una política global para adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica.

La sostenibilidad del sistema de pensiones debe ser una prioridad, ya que sin ella no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos. Pero, para alcanzar este propósito, hay que poner fin a la situación actual de déficit en las nuevas pensiones que entran en el sistema, dado que los trabajadores no cotizan de media lo suficiente como para financiar su pensión esperada. Por lo tanto, es necesario tomar medidas de inmediato.

Se debe tener en cuenta la actual situación demográfica de nuestro país

En primer lugar, es imperante que el nuevo Parlamento llegue a un consenso en el seno del Pacto de Toledo en el que tenga en cuenta la actual situación demográfica, social y económica de nuestro país. Es esencial si queremos asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones sin trasladar el problema en su integridad a las generaciones más jóvenes.

En segundo lugar, sería deseable mantener el poder adquisitivo de las pensiones siempre que sea consistente con la sostenibilidad del sistema. Para garantizar esto, es innegable que hay una necesidad de llevar a cabo una reforma estructural del sistema que garantice que las pensiones iniciales no entren en él con un déficit, y esto exige una reducción de la actual tasa de sustitución hasta niveles más realistas. Para ello, sin abandonar el actual sistema de reparto, se podría adoptar un sistema de cuentas nocionales individuales de contribución definida con una tasa de rentabilidad ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico a largo plazo, así como un sistema de complementos a mínimos como el actual. De este modo, el sistema ganaría racionalidad, sostenibilidad y trasparencia, sin sacrificar la contributividad y la actual garantía de suficiencia para aquellos que han cotizado menos, ayudando también a preservar la equidad intergeneracional. Por esta misma razón, las pensiones mínimas deberían blindarse frente a la inflación, manteniendo la práctica actual de financiar los complementos de mínimos con transferencias del Estado y en última instancia con impuestos generales.

Es necesaria una reducción de la actual tasa de sustitución a niveles realistas

Por otro lado, para compatibilizar la sostenibilidad del sistema con su suficiencia, es crucial aumentar la tasa de empleo e incrementar la productividad y, con ella, los salarios. De esta manera, la necesaria reducción de la tasa de prestación no implicaría pensiones iniciales menores para la misma edad de jubilación. Adicionalmente, se deberían adoptar medidas que potencien la natalidad y diseñar una política migratoria de futuro.

En este sentido, se debería valorar ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida y abandonar la práctica de la jubilación forzosa en pos de una plena compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y el trabajo remunerado, mediante la adopción de políticas flexibles que permitan y estimulen una mayor participación laboral de las personas de mayor edad y el pleno aprovechamiento de la experiencia y el talento de la población senior.

Otro de los aspectos clave para el futuro de las pensiones es seguir fomentando la conciencia ahorradora. Sería muy recomendable potenciar la previsión social complementaria, mediante la actualización y mejora del marco normativo del ahorro de previsión a largo plazo, respetando siempre la neutralidad fiscal entre distintos activos y tomando como referencia las mejores experiencias internacionales tales como el sistema británico, caracterizado por su flexibilidad y una participación cuasi obligatoria.

Por último, pero no por ello menos importante, es imprescindible llevar a cabo una revisión de la fiscalidad del ahorro bajo un principio de neutralidad, de manera que no distorsione en ningún caso las decisiones de inversión real o financiera de los ahorradores. Debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo creando, por ejemplo, una especie de "perímetro de ahorro a largo plazo" que funcionaría como una cuenta paraguas, permitiendo realizar inversiones en distintos tipos de activos financieros disfrutando del mismo tratamiento fiscal que los productos previsionales actuales. Estas son solo algunas de recomendaciones dirigidas al nuevo Parlamento para asegurar unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, ya que garantizar la seguridad económica durante la jubilación debería ser una prioridad para cualquier sociedad y Estado del Bienestar.