Gasolina en el fuego de la economía
José María Triper
Se ufanaba la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, en vísperas de las elecciones generales de que "nadie ve una crisis en la economía española a corto plazo y tampoco el Gobierno". Y, posiblemente, esta sea una de las razones que han llevado a Pedro Sánchez a echarse en los brazos de Pablo Iglesias para sellar un matrimonio en el que él ya reconocía que no podría dormir y ahora tampoco el resto de los españoles. Pues que Dios les conserve la vista y el entendimiento porque ya dice el refranero que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír.
Cuando todos los analistas privados y los empresarios anuncian que el crecimiento económico del 2 por ciento no se va a sostener en 2020, y recordemos que la economía española es incapaz de crear empleo por debajo de esa cifra, cuando el Banco de España advierte de que el ritmo de creación de empleo se va a reducir en un 28 por ciento el año próximo, cuando el déficit público ha superado en octubre el previsto para todo el año y la deuda pública supera ya el 98 por ciento del PIB en un escenario en el que las medidas de estímulo monetario se han quedado sin espacio, y cuando el escenario internacional viene plagado de amenazas en forma de guerras comerciales, desaceleración de las grandes economías, repunte del proteccionismo y Brexit; mantener ese programa económico de 370 medidas que anunció tan alegremente Pedro Sánchez y repetir ese frustrado proyecto de Presupuestos que pactó en su momento con Podemos, sería una eutanasia económica que nos devolvería al peor escenario de los años nefastos del último zapaterismo que nos dejó 2,9 millones de parados.
El programa de incremento irracional de gasto dañará la inversión y la competitividad
Un programa de incremento irracional de gasto que sólo se podría sostener con una subida fiscal y de las cotizaciones sociales muy superior a esos 5.600 millones que anuncia el gobierno en funciones obviando que el nuevo escenario fiscal creado desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa está frenando la demanda interna y ha creado un escenario de inseguridad jurídica que se ve agravado por la inestabilidad política y por esa maraña de normas y leyes autonómicas que impiden el desarrollo de real de la unidad de mercado en detrimento de la productividad y de la competitividad y que desincentivan la inversión.
Recordaba esta semana la CEOE como la presión fiscal empresarial en España supone el 10,5 por ciento del PIB, 1,2 puntos por encima de la media de la UE, mientras que la proporción de la recaudación total procedente de las empresas en España es el 30,4 por ciento, frente al 26,3 por ciento de media de la Unión. Si a ello unimos "el superior nivel de economía sumergida en nuestro país con relación a Europa (en torno al 22 por ciento del PIB frente al 13 por ciento de la UE) y nuestra inferior renta per cápita es fácil concluir "la necesidad de incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía y la actual situación cíclica desaconsejan subidas adicionales de impuestos".
Frente a esto, la citada AIReF cuantificaba recientemente en nada menos que 10.000 millones de euros la ineficiencia en la gestión del gasto de las Administraciones Públicas. Todo ello sin contar el lujo asiático de mantener un Estado de las Autonomías elefantiásico y que exige también una reforma y un adelgazamiento administrativo y burocrática. Sobre todo cuando los elevados niveles de déficit y deuda pública "condicionan a futuro la sostenibilidad del Estado de Bienestar" en palabras del presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.
Son cifras y retos que exigen la formación de un gobierno estable y una política de acuerdos entre los grandes partidos para elaborar unos presupuestos realistas y abordar las reformas fiscales, impulso de la productividad y de la competitividad, lucha contra la corrupción y la economía sumergida, fomento de la innovación y garantía de la unidad de mercado. Es decir, todo lo que contrario de lo que anuncia ese pacto histérico, que no histórico como le califica Sánchez, y que de consumarse el matrimonio será como echar gasolina en el fuego de una economía ya inflamada.