Umbral de saciedad y voracidad de ofertas

Las principales ingenierías españolas apenas tienen el 10 por ciento de su negocio en España. En otros países tan avanzados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia, lo habitual es que entre el 40 por ciento y el 60 por ciento del volumen de negocio proceda del mercado local. Entonces, ¿qué sucede?

El escenario de contratación de los servicios de ingeniería en España, unido a una menor inversión en infraestructuras a raíz de la crisis económica (la décima parte de lo que se invertía hace una década), ha hecho que sea poco atractivo trabajar en nuestro país. Ese escenario ha permitido, e incluso propiciado, bajas en la adjudicación de los contratos de hasta el 65 por ciento, poniendo en riesgo tanto la salud económica de las empresas como la calidad de los servicios contratados.

Es cierto que con la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo del año pasado, al prevalecer los criterios técnicos sobre el precio (al contrario de lo que sucedía con la anterior legislación), hemos dejado atrás las continuas subastas en las que se habían convertido los concursos de ingeniería. Sin embargo, no es suficiente.

Debe elevarse más la importancia del criterio técnico en la contratación pública

Una de las lagunas legislativas existentes que afectan a las ingenierías es que no hay límite para las bajas económicas, que puntúan más en la valoración de la oferta cuanto más arriesgada sea la apuesta del ofertante. Y ese riesgo llega a menudo a un nivel que no debería de ser admisible por la Administración contratante. Por tanto, lo idóneo y recomendable sería que hubiera un límite a partir del cual mayores bajas (apuestas más arriesgadas) no obtuvieran más puntuación. Y existe.

Se llama umbral de sa-ciedad y supone poner suelo a las ofertas económicas en el nivel que la Administración considere en cada caso. Es decir, fijar en el pliego el porcentaje de baja a partir del cual el ofertante no recibiría más puntos en la valoración económica. Así, al igual que cada concurso plantea un presupuesto máximo por encima del cual no se aceptan ofertas, también la Administración puede establecer un precio mínimo, por debajo del cual entiende que no es viable la ejecución del trabajo sin poner en grave riesgo la calidad. Se admiten ofertas por debajo de ese umbral, pero no se les premia con una mayor puntuación, porque ponen en riesgo la adecuada ejecución del trabajo.

Incluir este umbral de saciedad permitiría al Ministerio de Fomento y sus empresas públicas (Adif, Aena, Ineco, etc.) poner freno a la escalada de bajas. Esto evita que la necesidad de contratar lleve a algunas empresas a ofertar precios que amenacen la calidad de los servicios y que también entrañan riesgos para el licitador.

Muchas Administraciones y empresas públicas en el pasado se han quejado por la escalada de bajas, a lo que ellas mismas contribuían con cuasi-subastas de ingeniería, en las que apenas daban un 25 por ciento de peso a la valoración técnica, pero ahora no hay excusas y pueden dar un giro a la situación.

El umbral de saciedad no es una figura que haya que inventar. En España, allá por la década de los 2000 ya se utilizaba. Administraciones como la Generalitat Valenciana solían incluirla en los pliegos de contratación de proyectos de ingeniería, hasta que alguien más preocupado por el precio que por la calidad dio la instrucción para que se eliminara. Y esa obsesión por el precio ha demostrado ser capaz de lograr pequeños ahorros a corto plazo, pero a costa de enormes pérdidas a largo.

Y hasta hoy. Un concurso público en un ayuntamiento murciano, Torre Pacheco, ha resucitado la figura del umbral de saciedad, pero es especialmente importante que una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), ante un recurso presentado contra ese concurso, ha declarado lícita la aplicación de este umbral, siempre y cuando se trate de concursos en los que el precio no sea el único criterio de adjudicación.

Torre Pacheco reinicia así un camino que permitiría hacer más atractivo el mercado español para las ingenierías de aquí. Recuperar el umbral de saciedad e incluirlo en los pliegos de la Administración evitaría los riesgos asociados a la calidad de los servicios por bajas excesivas.

No alimentar las bajas es un paso, pero no el único. Si conseguimos que en España se valoren en las ofertas los criterios técnicos con un peso del 80 por ciento, en vez del actual 51 por ciento (lo mínimo que permite la ley), España habrá conseguido por fin parecerse a las grandes economías mundiales en la contratación de ingeniería. Nuestras infraestructuras "se alegrarán", y el futuro nos lo agradecerá.