La clase media, clave de la prosperidad

Si por algo se caracterizan los países con nivel de vida más alto es porque la mayor parte su población la constituye una gran clase media.

Las clases medias conforman la columna vertebral de los países, y son las que dan estabilidad a la economía y a la política. Definir qué es la clase media es difícil, como lo es establecer una frontera clara con la que determinar quién pertenece a la clase media y quién no. Pero lo que sí es cierto es que, en todos los países, las clases medias comparten unas características comunes.

En primer lugar, sus rentas se encuentran alrededor, con más o menos amplitud, de la media nacional. En segundo lugar, y más importante, estas rentas proceden, fundamentalmente, de una actividad como trabajador asalariado, como autónomo o como propietario de un pequeño negocio. Además, las clases medias son poseedoras de la mayor parte del capital humano; es su formación o su experiencia en el puesto de trabajo lo que les permite tener unas rentas más altas, por encima de las de los trabajadores no cualificados. En tercer lugar, las clases medias son pequeños propietarios: generalmente son propietarios de su propia vivienda, poseen bienes de consumo duradero de cierto valor, fundamentalmente un vehículo propio, y pueden poseer otro tipo de riqueza financiera o inmobiliaria cuyos rendimientos no suponen su principal fuente de renta. En cuarto lugar, las clases medias son las que más contribuyen a la recaudación impositiva, tanto por impuestos directos, como indirectos; la población de rentas altas paga proporcionalmente más impuestos, pero constituyen un número muy reducido de contribuyentes; y los ciudadanos con menor renta pagan pocos impuestos y además reciben transferencias de rentas desde las Administraciones Públicas. Por último, las clases medias son grandes usuarias de los servicios públicos: sanidad, educación, transporte público, seguridad ciudadana… Pero en su mayor parte no reciben transferencias ni subvenciones de las Administraciones, ya que su nivel de renta suele situarlas por encima de los niveles de renta máximos que se suelen establecer para recibir este tipo de ayudas. Confían en la educación como medio de movilidad social, y poseen pequeños patrimonios que esperan trasladar a la siguiente generación en el futuro. Así, las clases medias son las que definen el centro político y son, por tanto, las que deciden el resultado de las elecciones.

España es un país de clases medias. Y lo es incluso en mayor medida que muchos de los países de nuestro entorno. El 76 por ciento de los es-pañoles es propietario de su vivienda, una de las cifras más altas de la OCDE y diez puntos por encima de la media de la Unión Europea. Esto hace que España se sitúe entre los países más iguales de Europa en distribución de la riqueza acumulada, con la excepción de los países del este de Europa. Y ello, a pesar de que la distribución de la renta en España es más desigual que la de Francia, Alemania o los países nórdicos y más cercana a la del Reino Unido o Italia. España es un país de pequeños propietarios inmobiliarios. Son los españoles de clase media los que ingresan la mayor parte de la recaudación del IRPF, del IVA, y de los impuestos especiales, reciben muy pocas ayudas públicas, están orgullosos de su sanidad pública y son usuarios del sistema educativo público y concertado.

Pero esta clase media, la columna vertebral de todas las sociedades desarrolladas, se ha visto fuertemente dañada por la crisis económica global y todavía no se recuperado del todo. Esto es especialmente cierto en España, por la profundidad con la que nos afectó la crisis.

Ese daño se ha traducido en un fuerte descontento de la clase media que se refleja en el ámbito político. Aquellos ciudadanos que se han sentido desplazados en su estatus social han girado hacia posiciones populistas. Los partidos del sistema han perdido apoyo y en la clase media se ha instalado una desconfianza profunda en los gestores públicos. Para recuperar la estabilidad política y la confianza del ciudadano es necesario, por tanto, dirigir la política económica hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de las clases medias.

Para ello, es necesario ampliar el número de ciudadanos que se reconoce como clase media. Y la mejor forma de hacerlo es la creación de empleo, principal factor que, en España, permite reducir la desigualdad. De hecho, la destrucción de empleo sin precedentes durante la crisis conllevó una fuerte reducción de la clase media, que empieza a recuperarse a partir de 2014, con una intensa creación de empleo, que, sin embargo, se ha visto fuertemente ralentizada en este último año. Nuestra tasa de paro todavía se sitúa en un altísimo 14 por ciento. Tenemos, por tanto, que priorizar la creación de empleo como el objetivo central de la política económica.

El estrato social medio de una sociedad es el que decide el resultado de las elecciones

Pero, además, los empleos que se creen deben ser más productivos y estables. Para ello, es imprescindible mejorar la formación antes y durante el empleo, favorecer las políticas que aumentan la productividad y simplificar nuestro marco laboral, de forma que el contrato indefinido sea la norma y no la excepción para los nuevos entrantes en el mercado de trabajo. De estos aspectos, el más importante es el de la educación y formación. Una educación de calidad y una formación continua son las mejores inversiones que puede hacer un país ya que es la principal garantía de adaptación a los cambios que se produzcan en el futuro y el principal motor de movilidad social.

Simultáneamente, debemos ser capaces de mejorar la eficiencia del gasto público. No es que nuestro gasto sea muy alto en relación con los países de nuestro entorno, pero hay una percepción generalizada de que en España no se gasta todo lo bien que se debería. Hasta ahora, en muy pocas ocasiones se ha analizado la eficiencia del gasto de manera objetiva, comparándonos con los países de nuestro entorno y tratando de copiar las mejores prácticas. Bien al contrario, el dinero público se ha gastado en función de la presión política o para buscar nichos de votantes. En este sentido es un signo positivo que, en los últimos tiempos y ante la presión creciente de los ciudadanos, haya aumentado el interés de las Administraciones por analizar la eficiencia del gasto.

A su vez, los impuestos deben ser capaces de financiar los servicios públicos y, simultáneamente, mantener al país competitivo, favoreciendo la atracción de inversiones, de talento y de tecnología. La clase media española rechaza instintivamente las subidas de impuestos, porque no percibe que ello se vaya a traducir en un acceso a mejores servicios. Es por ello por lo que cada vez es más exigente respecto a la relación entre lo que paga y lo que recibe.

En definitiva, ampliar la clase media y reforzarla es primordial para el país. Ello traerá más estabilidad política y se recuperará la confianza de los ciudadanos, lo cual es esencial para el crecimiento económico a largo plazo. A ello debe dedicarse la política económica. Millones de familias ahorrando, invirtiendo en la educación de sus hijos, esforzándose en mejorar en su puesto de trabajo, exigiendo unos servicios públicos bien gestionados y pagando los impuestos justos es lo que hace avanzar a los países. Nuestra clase media no se ha recuperado todavía de la crisis y ha llegado el momento de ponerla en el centro del debate político.