Lastre de una plantilla pública al alza

El Gobierno se muestra pródigo, en los últimos meses, en acciones que elevan el gasto público como limitar los copagos o extender el subsidio para parados de larga duración mayores de 50 años.

En esta categoría también tienen una especial importancia las medidas específicamente orientadas al personal de las Administraciones. Lo demuestra la evolución de la rúbrica de sueldos de funcionarios y del resto de personal empleado en el sector público que, hasta julio, crece casi un 7 por ciento en el Estado.

El desembolso en sueldos por parte del Estado crece a tasas que superan las propias de las autonomías en su año electoral

Es un avance muy rápido, incluso para el estándar que han marcado las autonomías en un año electoral para la mayoría de ellas como ha sido 2019. Todo apunta, por tanto, a que detrás de un alza de tanta envergadura actúan varias fuerzas. Una de ellas será el regreso de las subidas de sueldos al personal que ya estaba incorporado a la plantilla del Estado pero, sin duda, también influye la incorporación de más asalariados. De hecho el dopaje que el empleo público está ejerciendo en las estadísticas del mercado de trabajo es evidente desde hace meses y volvió a manifestarse en la EPA del tercer trimestre. Su decepcionante creación de empleo aún habría sido peor si no fuera por las más de 30.000 afiliaciones que se debieron a las Administraciones.

La tendencia al alza continúa a la vista de las convocatorias de empleo previstas de aquí a final de año, espoleadas no tanto por necesidades funcionales sino por los intereses electorales ante las inminentes elecciones. Puede que esta política genere réditos electorales, pero el hecho de que el gasto en sueldos estatales esté ya cerca del 11 por ciento del PIB supone un lastre que dificultará aún más en el futuro el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda.