Aplíquese 'In dubio pro reo' a lo que cobran las renovables

Quizá sea por honrar una tradición de incertidumbre y sobresalto, quizá por despiste, quizá por ninguneo... No importa. El caso es que las renovables con retribución regulada –perciben unos 5.700 millones al año– no saben cuánto van a cobrar a partir del próximo 1 de enero. Según la Ley 24/2013 del sector eléctrico, cada seis ejercicios pueden revisarse su retribución, ligada a parámetros objetivos, al objeto de que obtengan una rentabilidad razonable, en la actualidad fijada en el 7,4%.

Si no se acometa esa revisión, que debe hacerse con una norma con rango de Ley -es decir, debe ser sancionada por el Congreso de los Diputados- dichos parámetros "se entenderán prorrogados para todo el período regulatorio siguiente", según el artículo 14 de la norma.

Parece muy claro, pero no es así. El 7,4% se calcula a partir de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 10 años más 300 puntos básicos, tomando como referencia los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al del inicio del nuevo periodo regulatorio sexenal. Y con el hundimiento de los tipos de interés, la rentabilidad resultante entre 2020 y 2026 es del 4,4%.

Ese nivel de rentabilidad podría parecer bueno en este entorno un tanto aberrante de tipos de interés negativos, pero muchas plantas de generación verde se construyeron hace una década, endeudándose a tipos muchos más elevados y ya se han refinanciado varias veces para sobrevivir tras los sucesivos recortes retributivos de la reforma eléctrica; sus balances no soportarán una reducción tan fuerte de ingresos.

El Gobierno planteó un Anteproyecto de Ley en diciembre de 2018 que contemplaba una nueva metodología –propuesta por la CNMC y basada en el coste medio ponderado de capital, WACC en inglés–, que arrojaba una rentabilidad del 7%; a modo de resarcimiento por los recortes retroactivos del pasado, el Anteproyecto proponía mantenerla así durante 12 años. Sin embargo, la tramitación de esta propuesta normativa no ha llegado a buen puerto y no lo podrá hacer tras la disolución de las Cortes.

Es importante apuntar que durante los últimos meses las distintas formaciones políticas se han manifestado a favor de mantener la rentabilidad de las plantas renovables en un nivel similar al actual, aunque ello impida reducir el recibo de la luz de los consumidores.

Con ese trasfondo, los juristas no se ponen de acuerdo en cómo interpretar la legislación vigente, si prorrogando automáticamente el 7,4% o aplicando el resultante 4,4%. Y a menos que se produzca una extraña carambola que acabe con una Ley aprobada por la Diputación Permanente del Congreso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), responsables de las liquidaciones del sistema eléctrico, tendrá que decidir cuánto paga a las instalaciones a partir de enero.

¿Qué decidirá el Organismo, con la mitad de sus consejeros en funciones? ¿Dejar las cosas como están hasta que se constituya un Gobierno capaz de decidir qué hacer o arriesgarse a aplicar la rebaja? En cualquiera de las dos opciones se afronta la posibilidad de que haya que acometer una refacturación, pero lo más lógico sería aplicar el prudente principio penal in dubio pro reo –en caso de duda, óbrese a favor del acusado– y prorrogar el 7,4% para prevenir daños y perjuicios.