El impuesto digital imposible

Las empresas que más dinero ganan del mundo son, al mismo tiempo, las empresas que menos impuestos pagan, proporcionalmente, por sus beneficios. Este hecho, que como el lector habrá supuesto, se refiere a las grandes multinacionales tecnológicas, es un problema mundial. Y casi nunca un problema mundial se puede resolver a escala local, en Francia o en España. La supuesta solución a este problema es el famoso impuesto a las multinacionales tecnológicas. Es algo que, a primera vista, parecía una buena idea, pero que se enfrenta a gravísimos problemas.

Empecemos por una cuestión obvia: ¿Cuáles son los hechos por los que hay que pagar el impuesto, lo que en terminología tributaria se conoce como hechos imponibles? Aquí nos encontramos con tres hechos imponibles, que son complicados de definir, por ser suaves. Un inciso antes de seguir, el hecho imponible es el elemento clave de un impuesto porque lo determina todo. Si nos hemos enfrentado a una pesadilla porque el Tribunal Supremo primero, y el gobierno después, cambiase el sujeto pasivo del impuesto a las hipotecas, esto no sería nada con el caos respecto a por lo menos dos de los hechos imponibles del nuevo impuesto a las multinacionales tecnológicas.

Como veremos, ninguno de estos tres hechos imponibles se refiere al beneficio de las empresas tecnológicas en España. Si no se intenta que las empresas paguen por sus beneficios, entonces lo habitual es que los beneficios se mantengan constantes y que el impuesto lo pague otro. Por ejemplo, las empresas petroleras pagan los impuestos a los carburantes a la salida de fábrica o depósito fiscal. Pero que se incremente este impuesto no es lo mismo que subirles el tipo del impuesto de sociedades a las petroleras. El impuesto especial de hidrocarburos se repercute siempre y lo acaba pagando el consumidor, y hacerlo con el impuesto de sociedades es muchísimo más difícil.

Aplicar la tasa sin consenso comunitario supone un claro perjuicio para España 

Por ejemplo, gravar un 3 por ciento a la publicidad online (es decir en la red) no es probable que afecte significativamente a los gigantes de Silicon Valley. Lo que ocurrirá en este caso es que esta publicidad será más cara y la pagarán los que la contraten. Esto a todos los efectos es un impuesto indirecto, y según las leyes de la economía se repercutirá a los clientes. Como suele ser más económico y beneficioso anunciarse en la red, esto se hará simplemente un poco más caro. Bueno aquí, aunque no se alcance el objetivo de que paguen realmente las grandes tecnológicas una parte del beneficio que obtienen en España, por lo menos es algo controlable y que puede dar algo de recaudación. Eso sí, disminuye la competitividad de las empresas españolas, especialmente la de las pymes, a la hora de dar a conocer sus productos.

Otro problema de este impuesto a la publicidad online es que no todas las empresas que ofrecen publicidad online están sujetas. Según el proyecto de ley, que presentó el gobierno socialista en la anterior legislatura, hay empresas que realizan esta actividad, que dados sus volúmenes de operaciones en España y en el mundo, no estarían sujetas. La administración Trump lo ha interpretado como un arancel encubierto a sus empresas, y al menos en el caso de Francia, ha amenazado con represalias.

Los otros dos hechos imponibles son infinitamente más problemáticos. El primero de ellos es gravar, también al 3 por ciento, los denominados "market places", es decir, los sitios en Internet que venden productos de terceros. Aquí el principal problema es que eso solo ocurrirá cuando el cliente sea español. Y hacerse pasar por una dirección web de otro país es muy sencillo, y el impuesto sólo se aplica aquí. Por otra parte, saber sobre qué se aplica el 3 por ciento, es decir, sobre los servicios de intermediación que sería lo lógico, pero apenas recauda, o sobre el importe de las ventas, que haría desaparecer alguno de los "market places" más importantes.

Estos problemas no son nada al lado del último hecho imponible: la venta de datos personales, que es más bien de ciencia ficción. La venta de datos personales está prohibida en la mayor parte de los supuestos. Por supuesto, estos datos no sólo se utilizan, por ejemplo, para segmentar publicidad de terceros, sino que a veces se venden. Pero eso sí, como es ilegal, y en mi opinión debe seguir siéndolo, nadie admite vender datos. En consecuencia, esto se parece, salvando las distancias, a un impuesto sobre el tráfico de drogas. Claro que se vende droga, pero la recaudación que se puede esperar de un impuesto de este estilo es cercana a cero. Y a día de hoy no tenemos capacidad tecnológica para controlar estas operaciones. Irónicamente, la mayor parte de los 1.200 millones anuales que el Gobierno esperaba sacar del impuesto provienen del hecho imponible venta de datos.

Existe una gran dificultad para conseguir que los beneficios tributen donde se generan 

Algunos de estos gravísimos problemas también existen a nivel europeo, pero los problemas para la economía española serían evidentemente menores. De hecho, sería más fácil redefinir las reglas del impuesto de sociedades a nivel europeo para conseguir que los beneficios tributasen donde se generan. Esto no siempre es sencillo a nivel económico, pero está claro que no todos los beneficios en Europa se generan en Irlanda o en las islas Bermudas. Naturalmente, la dificultad más importante está a nivel político por la regla de la unanimidad en material fiscal. Pero si se quiere que las multinacionales paguen por sus beneficios, la lógica es exigir impuesto de beneficios y no crear un nuevo impuesto indirecto, que encima no somos capaces de controlar.

El PSOE ha tenido bastantes vacilaciones con respecto a este impuesto de multinacionales digitales. Las "advertencias" de la administración Trump han hecho que ahora se plantee implantarlo inmediatamente en España. Ésta era, además, la idea de los presupuestos rechazados de 2019, que ahora son precisamente el punto de partida de la negociación del nuevo gobierno de coalición PSOE-Podemos. Como tantas otras cosas de ese proyecto presupuestario, no es una buena idea, y ahora podría llevarse a la práctica por un gobierno, de prosperar la investidura el jueves, más radical, también en el ámbito fiscal.