Tres objetivos: digitalizar las pymes, frenar la despoblación y mejorar servicios públicos

Capear el temporal. Es, apenas, lo que pudieron hacer las comunidades autónomas en un 2020 en el que la crisis desatada por la pandemia sanitaria paralizó el mundo y, con ello, buena parte de la actividad económica. Bajo este marco, Castilla y León consiguió salir relativamente más airosa que otras y vio caer su economía menos que la media nacional. Tras un ejercicio muy complicado y un arranque del presente igualmente difícil, en el segundo trimestre de este 2021 la economía regional parece haber comenzado una remontada que, -a falta de ver cómo pueden afectarla nuevos riesgos como la crisis energética o el desabastecimiento de suministros-, deberá confirmarse este año y el próximo. Para completar ese camino, la Comunidad sabe que hay un instrumento clave: el salvavidas que Europa lanzó el 21 de julio de 2020 bajo el nombre NextGenerationEU. Castilla y León no ha dudado, por supuesto, en aferrarse a él para superar la crisis y sentar las bases de un nuevo modelo productivo.

Un total de 5.000 millones de euros son los que aspira a captar, inicialmente, de ese plan de recuperación diseñado por la Unión para reconstruir la Europa posterior a la Covid-19, una Europa que pasa por ser más ecológica, más digital y más resiliente.

El programa de recuperación NextGenerationEU se estructura en torno a un eje central, el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y a un segundo pivote bautizado como Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), a los que cabría sumar otras aportaciones adicionales que desde él se articularán hacia fondos o programas europeos ya existentes, como el Feder (Fondo Agrario Europeo de Desarrollo Rural) y el FTJ (Fondo de Transición Justa).

Conjuntamente, con esas tres líneas de acción la Unión Europea busca impulsar la transformación digital, el desarrollo sostenible y el reto verde en los Estados Miembros, y que de esta metamorfosis salga una entidad geopolítica más moderna. Son objetivos que, precisamente, entroncan con la estrategia de modernización que la Junta de Castilla y León ha diseñado para su territorio y que incluye la cohesión económica, social y territorial de la Comunidad poniendo especialmente el foco en el desarrollo rural y el reto demográfico.

El 6% de las subvenciones

De momento, sólo se ha confirmado para la Comunidad una asignación inicial de 1.554 millones de euros, según avanzó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a mediados del pasado septiembre, cuando pilotó una reunión de representantes de los partidos políticos presentes en las Cortes autonómicas para diseñar conjuntamente la estrategia a seguir y la fórmula de gestión de los fondos europeos en el territorio castellano y leonés. Sobre la mesa, se pusieron entonces un objetivo general e inequívoco, el que contribuyan de forma eficaz a la transformación del tejido productivo regional y a esa perseguida recuperación post-Covid, y una cifra, esos 5.000 millones que se corresponderían aproximadamente con el 6% de los que le deben de corresponder a España en el apartado de subvenciones.

Con la creación de este grupo de trabajo, -posterior a una primera toma de contacto que ya se había propiciado en julio con las formaciones del arco parlamentario regional-, Castilla y León daba un contundente paso en su apuesta por abordar la gestión de ese fondo temporal de recuperación lanzado desde Europa, desde la coordinación y la participación.

De hecho, el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco fue el primero del conjunto de las autonomías españolas ponerse manos a la obra para tratar de alcanzar acuerdos de forma colaborativa. Así, tras la firma del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, que la propia Junta y la mayoría de fuerzas políticas con representación en el Parlamento regional suscribieron ya en junio de 2020, apenas unos meses después, en septiembre se creó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea.

Modernizar el tejido empresarial

Fruto del trabajo realizado desde entonces, Mañueco anunció el pasado 18 de octubre la presentación de tres grandes proyectos -en consonancia con la limitación establecida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el acceso de la Comunidad a los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea-. En concreto, esos tres grandes proyectos abordarán: digitalización y economía circular para pymes, autónomos y empresas de Castilla y León, con el objetivo de modernizar el sector empresarial en su sentido más amplio, la industria, el campo y las empresas de servicios; lucha contra la despoblación, desarrollo rural y compromiso con las entidades locales, dirigido a abarcar todo el territorio de las nueve provincias, y modernización de los servicios públicos para mejorar la atención a las personas en servicios como sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, así como para las familias y los mayores tanto de las áreas urbanas como rurales.

En septiembre de 2020 se creó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea para canalizar las propuestas

Esta reciente presentación constituye el último resultado, hasta la fecha, de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, que desde su constitución en septiembre de 2020 ha ido dando pasos paulatinamente con las miras puestas en el NextGeneratioUE. Así, apenas creada, salió de ella un documento que vino a denominarse Iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León, y en el que se identificaron hasta 71 propuestas estratégicas, agrupadas en diez líneas, esenciales para la recuperación de la Comunidad y acordes ya, anticipadamente, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España diseñaba y que presentaría un mes después, en octubre.

El Ejecutivo regional elaboró una biblioteca con 458 proyectos que han sido incorporados en la propuesta

De forma paralela, se creó una biblioteca de proyectos enfocados a transformar y modernizar la Comunidad mediante el apoyo de las transiciones verde y digital; la promoción de la cohesión económica, social y territorial; el fortalecimiento de la capacidad de recuperación económica y social, y la mitigación del impacto de la crisis en esos mismos ámbitos. En concreto, en esta biblioteca se incluyeron 458 proyectos de componente digital y de transición verde, con un gasto previsible superior a los 6.800 millones de euros, que han sido incluidos, prácticamente en su totalidad, bajo el paraguas de esos tres grandes proyectos anunciados el mes pasado.

Por otro lado, en su línea de afrontar la nueva etapa que ha de abrirse tras la crisis Covid tomando como base la unidad, el Ejecutivo castellano y leonés elaboró también, desde la misma Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, un documento de instrumentos de participación a fin de dar cabida al resto del sector público y del sector privado a través de canales ya existentes, como el Consejo del Diálogo Social, el Consejo de Políticas Demográficas, el Consejo Agrario, el Comité del Cooperativismo Agrario, el Consejo Castellano y Leonés de Salud y la Plataforma del Tercer Sector Social. En virtud de ese texto, el pasado febrero el Ejecutivo autonómico anunció la creación de tres mesas sectoriales específicas: empresarial, científico-pedagógica y de coordinación con las corporaciones locales, mientras que también se ha habilitado un buzón de participación abierto a las sugerencias y propuestas de cualquier colectivo y ciudadano castellano y leonés en relación a los nuevos fondos europeos.

La CEOE urge un acelerón

A pesar de que, parece, se están haciendo los deberes, la gestión de la llegada de estos fondos no va a la velocidad que debería. Así, al menos, lo entiende el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, quien confía en que "alcance mejor ritmo antes de que finalice este año" y, matiza al respecto: "va a ser indispensable que acelere a todo gas el próximo".

No en vano, los fondos NextGen, -que suponen tres cuartas partes de lo presupuestado de forma conjunta por la UE para el periodo 2021-2027 y cuya gestión depende, en el caso de Castilla y León, de la Junta y del Ejecutivo central, a partes iguales-, traen aparejado como requisito un compromiso del gasto en un período que no llega a tres años. Está claro, subraya el presidente de la patronal castellana y leonesa, que es "una gran oportunidad, pero al mismo tiempo supone una mayor gestión" que, en el caso de España, lamenta, "se encuentra encorsetada por un amplio y complejo tejido normativo y burocrático, que hay que desenmarañar" para que "todas las empresas, pymes, micropymes y autónomos" tengan oportunidad de acceso a esas cuantías.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, pide una "ventanilla única" e incentivos fiscales compatibles con las ayudas

En este sentido y para facilitar el aterrizaje en la economía real de esos fondos, Aparicio pide "infiltrar mayores dosis de eficacia y eficiencia en la gestión pública" y alude a la colaboración público-privada como "más necesaria que nunca".

"Es necesario que se extienda este paternariado público-privado en todas las etapas, desde el diseño y planificación hasta la gestión y ejecución" para impulsar una verdadera transformación del tejido productivo, afirma no sin dejar de poner el acento en aspectos que igualmente considera imprescindibles para hacerla efectiva. Entre ellos, cita una "única ventanilla" para informar de las distintas líneas de apoyo; "incentivos fiscales" compatibles con todo un paquete de medidas de apoyo a la implantación de empresas; el fomento de la colaboración entre los mundos académico y empresarial; el "refuerzo de los esfuerzos para que la cultura de la digitalización se extienda y sea permeable a todas las etapas de la vida, así como que la cobertura digital alcance a todo el territorio de Castilla y León"; instrumentos de apoyo favorables "para que las empresas puedan efectuar inversiones en innovación tecnológica -equipamientos tics, software, habilidades y competencias-, o el establecimiento de un marco "mucho más amigable" para el ejercicio de la actividad empresarial con la reducción de la "presión regulatoria, fiscal y burocrática" de la mano de "la consecución de la unidad de mercado", concluye el dirigente empresarial.