El Gobierno valenciano prohíbe nuevos macrocentros comerciales

Uno de los objetivos que se había marcado Compromís desde que forma parte del Gobierno valenciano, poner coto a la instalación de grandes centros comerciales, ya está recogido formalmente en la normativa autonómica. El Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) incluye la prohibición expresa de desarrollar macrocentros que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie en todo el territorio autonómico.

Todo un triunfo de los postulados del conseller de Economía, Rafael Climent, uno de los miembros de Compromís en el Gobierno de Ximo Puig. Tras cinco años de tira y afloja con otros departamentos de la Administración autonómica en manos de responsables socialistas, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó la semana pasada el decreto con la aprobación del plan.

Aunque el objetivo del Patsecova en principio es proporcionar instrumentos a los ayuntamientos para que incluyan en su planificación urbanística y territorial los espacios destinados al comercio, en la práctica fija más limitaciones a las tiendas de mayor tamaño. Así, establece la necesidad de aportar estudios de impacto para abrir esos comercios y amplía las zonas en que no se permite instalar nuevas grandes superficies.

La principal restricción es la que fija un límite máximo para desarrollar nuevos centros comerciales en toda la autonomía. "Se consideran incompatibles con estos criterios de sostenibilidad los proyectos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial o a una mezcla de usos terciarios en los que el terciario comercial supere este umbral", señala en su artículo 47.

Más restricciones

La prohibición para levantar nuevos macrocomplejos es uno de los apartados que más polémica generó durante su tramitación, pero no es la única barrera a la apertura de estos establecimientos, incluso de mucho menor tamaño. En ese mismo artículo se impone que los nuevos desarrollos de más de 5.000 metros cuadrados sólo se autorizarán en municipios de más de 50.000 habitantes o en los considerados "cabeceras, subcabeceras y nodos intermedios". Categorías que contemplan 50 localidades de los 542 municipios de la autonomía.

El plan permite a los ayuntamientos declarar "áreas comercialmente saturadas" en las que podrán prohibir nuevas aperturas. Se trata de zonas en las que una mayor actividad comercial podría "perpetuar localizaciones comerciales insostenibles". Y los parámetros para decidirlo no son comerciales, sino otros como el aumento de las emisiones contaminantes, colapsos de tráfico o generar "áreas marginales".

El carácter restrictivo del Patsecova ya llevó a la la patronal de las grandes superficies Anged a presentar alegaciones. "Consideramos que esta nueva normativa no era necesaria porque ya existe una ley de comercio y una ley urbanística que las empresas tienen que cumplir para las aperturas. Por eso alegamos que el plan suponía un exceso de intervencionismo y de regulación sobre el sector", explica Joaquín Cerveró, portavoz de Anged en la Comunidad Valenciana.

Para las grandes superficies, la realidad ha dejado desfasada la normativa planteada por el Consell valenciano. "Con el auge del comercio online y que el consumidor compre desde su sofá la evolución del sector es muy distinta a la que plantea el Patsecova", añade Cerveró.

Moratoria por los súper

Pese a su publicación en el Diari Oficial, el propio decreto establece que la normativa no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre. La razón se encuentra en el último caballo de batalla entre las consellerias de Compromís y PSPV a cuenta de las reclamaciones de la patronal Asucova, que agrupa a los supermercados valencianos como Mercadona, Consum y Masymas.

Y es que en el texto del proyecto final se especifica que las nuevas aperturas o reformas de establecimientos con más de mil metros cuadrados tengan que solicitar una nueva autorización de impacto autonómica. Una medida que golpea de lleno a los súper, que en la mayoría de los casos superan esas dimensiones y que hasta ahora no se veían afectados al estar fijada para locales de más de 2.500 metros cuadrados. "Por un lado conllevaría más burocracia y ralentizar el ritmo de las inversiones, pero también podría suponer tener que hacer frente a impuestos medioambientales asociados a este tipo de autorización", explica Pedro Reig, director de Asucova.

Tras los tiras y afloja de última hora, la Generalitat y Asucova llegaron a un acuerdo por el que la Administración se compromete a incrementar el límite de superficie para exigir esa licencia hasta los 1.750 metros cuadrados, además de modificar los criterios para contabilizar sólo la superficie comercial sin incluir otros equipamientos. Una reforma que la Administración debe introducir en la norma antes de septiembre.

La Generalitat logra así el respaldo de los supermercados, que se suma al del pequeño comercio. Su patronal autonómica, Confecomerç, era una de las que más presionaba para aprobar cuanto antes una nueva normativa que considera que también debe despejar los criterios a la hora de repartir las ayudas en un momento tan crítico como el de la pandemia.

Ariete frente a Puerto Mediterráneo

La elaboración del plan territorial para el comercio valenciano ha ido en paralelo al rechazo de los responsables de Comercio de la Generalitat a la implantación de Puerto Mediterráneo, el mayor centro comercial proyectado en la Comunidad Valenciana tras la crisis inmobiliaria. Los altos cargos de Compromís no han dejado de mostrar públicamente su oposición al macrocentro promovido por Intu y Eurofund, que fue tumbado por la Administración valenciana aunque el promotor ha ganado varias batallas en los tribunales.

Por su tamaño Puerto Mediterráneo era el único de los nuevos centros previstos en la región que superaba el límite de 120.000 metros cuadrados impuesto en el Patsecova, algo que no parece una mera coincidencia. La empresa, que preveía invertir 860 millones, ya había reducido de 500.000 a 375.000 metros cuadrados su plan. Pese a la quiebra de la británica Intu, la sociedad promotora aún mantiene el frente judicial abierto y reclama 283 millones a la Generalitat por lucro cesante.