Los pequeños bróker empiezan a sentir la presión un año después de la entrada en vigor de Mifid II

Un año después de que las nuevas reglas de la UE obligaran a bancos y casas de intermediación bursátil a cobrar a los inversores por el análisis de valores, la presión sobre los pequeños bróker para llegar a fin de mes está siendo más intensa y todo apunta a fusiones o incluso cierres en el sector en 2019.

Según docenas de ejecutivos de los principales fondos de alto riesgo, firmas de gestión de activos, bancos y casas de valores, el panorama pinta sombrío para las casas más pequeñas, que enfrentan la competencia de la gran banca y de unos gestores de activos que cada vez miran más los costes.

Las casas de valores más pequeñas tienen mucha menos influencia en la negociación de contratos con los inversores, lo que obliga a alguna de ellas a recortar precios o análisis, a crear nichos con análisis a medida o, en los casos más drásticos, a asociarse con algún rival.

El objetivo de la directiva II de Mercados de Instrumentos Financieros de la UE (MiFID II) era aumentar la transparencia y garantizar que los inversores obtuvieran un trato más justo, pero el predominio de los grandes bancos también está presionando a algunos reguladores para que hagan un replanteamiento.

El objetivo de la directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas inglesas MiFID II, era aumentar la transparencia y garantizar que los inversores obtuvieran un trato más justo, pero el predominio de los grandes bancos también presiona para que algunos reguladores se la replanteen.

"La MiFID va a tener ramificaciones significativas. Siempre percibí que el cuarto trimestre (de 2018) o el primer trimestre (de 2019) sería el momento en el que los cambios empezasen a escocer", dijo Steven Fine, consejero delegado del bróker de valores de pequeña y mediana capitalización, Peel Hunt.

Antes de que la MiFID II entrara en vigor en enero de 2018, los bancos y las casas de valores integraban el coste del análisis dentro las partidas generales de ejecución de transacciones con clientes o hasta lo ofrecían gratuitamente.

Con la nueva normativa comunitaria, las entidades deben facturar a los inversores institucionales por todo: desde análisis a reuniones y teleconferencias, separando el análisis de las comisiones por ejecución.

Y detallar los servicios ha causado estragos.

El banco estadounidense JPMorgan Chase fue el primero en reaccionar en 2017 antes de la introducción de la directiva ofreciendo suscripciones de análisis a inversores por tan solo 10.000 dólares anuales, una mínima parte de las facturas de seis o siete cifras que algunas pequeñas boutiques de valores habían esperado.