La Comunidad ha impuesto seis sanciones en tres años a pisos de uso turístico

Así consta en las respuestas del Gobierno regional ante varias peticiones de información formuladas por el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid a las que ha tenido acceso Efe.

Los expedientes de resolución que conllevaron la imposición de sanciones fueron dos en 2015, cuatro en 2016 y ninguno en 2017, por lo que suman seis en los últimos tres años.

Por otro lado, el número de inspectores destinados a las viviendas de uso turístico fue de siete en 2015 y 2016, cifra que se redujo a cinco en 2017.

El número total de inspecciones realizadas a este tipo de viviendas por personal de la Comunidad de Madrid fue de 122 en 2015 y de 111 en 2016. El Gobierno regional no ha proporcionado la cifra de 2017 porque Podemos no la solicitaba.

El presupuesto total destinado a este fin por la Comunidad en los tres últimos años fue de 58.286,43 euros: 15.813,99 euros en 2015, 10.983,84 en 2016 y 31.488,60 en 2017.

La cifra de 2018 no ha sido facilitada a la espera de que finalice el presente ejercicio económico.

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha acusado al Gobierno regional de hacer "oídos sordos" con la inspección de las viviendas de uso turístico "a pesar de los problemas" que éstas generan "no solamente para el sector del turismo".

"Están teniendo consecuencias muy nocivas para los ciudadanos de los barrios del centro de Madrid por lo que está suponiendo de incremento de los precios del alquiler, de los problemas de convivencia, de ruido...", ha añadido.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha calificado de "absolutamente ridículo" el presupuesto destinado a las inspecciones y ha instado al Gobierno regional a delegar esta competencia en otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid si no está "dispuesto a asumirla" con "responsabilidad".