Los fondos de inversión libre triplican su patrimonio en una década

Los fondos de inversión libre (FIL) españoles han triplicado su volumen patrimonial en diez años, pasando de los 1.156 millones que manejaban a finales de 2014 a los 3.266 millones con que han cerrado septiembre, según los últimos datos publicados por Inverco. Este crecimiento se ha producido al mismo tiempo que se ha incrementado el número de inversores interesados en este tipo de vehículos de inversión colectiva, ya que ahora aglutinan a 11.472 partícipes, un número que ha aumentado casi un 500% en la última década.

¿Qué ha motivado este interés de los inversores españoles por los hedge funds nacionales? Por un lado, el cambio regulatorio sobre el régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), que solo contabiliza entre los cien inversores exigidos como mínimo para este tipo de vehículos a aquellos que cuenten con acciones por valor mínimo de 2.500 euros (o de 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos), con una duración de al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Esto ha provocado un desplome en el número de sicavs, que han pasado de las algo más de 2.300 sociedades que había en 2021, antes del cambio regulatorio, a las 510 que aún permanecen abiertas. La norma establecía un régimen transitorio que permitía un traspaso del patrimonio invertido en la sicav que optaba por la liquidación a otras instituciones de inversión colectivas, sin tener que pagar un peaje fiscal, y muchos inversores vieron la oportunidad de reinvertir su dinero en otros vehículos.

Las firmas de inversión aprovecharon la coyuntura para ofrecer a muchos de sus clientes la posibilidad de acogerse a la gestión discrecional de carteras, una forma de fidelizar a los inversores a medio plazo y mantener las comisiones.

Pero muchos optaron por transformar sus sicavs en sociedades anónimas y así ampliar su capacidad de inversión en todo tipo de activos sin restricciones, y además cuentan con unos requisitos más flexibles en algunos aspectos para los altos patrimonios, ya que el número de partícipes mínimos se reduce a 25 y la inversión mínima es de 100.000 euros, siempre que no se trate de un inversor profesional, frente a los 2,3 millones que exigen las sicavs.

De esta manera, el número de sociedades de inversión libre ha ido creciendo vertiginosamente: en lo que va de año se han registrado ya 15, tres menos de las que lo hicieron el año pasado.

Pero el número de fondos de inversión libre, en los que también la inversión mínima es de 100.000 euros, ha ido creciendo también en paralelo. Este año ya se han registrado once FIL, según los datos recogidos por Morningstar, cuatro más que el año pasado. En total, ya existen 170 fondos de este tipo en España, según las cifras de Inverco, 63 más que hace una década, alguno especializado en activos de moda como los criptoactivos, y todos con estrategias que buscan descorrelacionarse de los activos tradicionales, como los de leasing.

Búsqueda de rentabilidad

Hasta la subida de tipos de interés iniciada el año pasado por los bancos centrales para contener la inflación, la perspectiva de los inversores para obtener rendimiento se había reducido mucho si no se asumía más riesgo del que muchos inversores en realidad tenían. Y esto motivó la aparición de estrategias que a largo plazo pudieran ofrecer rentabilidad de manera diversificada. De esta manera, los activos alternativos fueron ganando peso en la cartera de los inversores, y los fondos de inversión libre volvieron a aparecer en el escaparate comercial de las firmas de inversión.

La flexibilidad y libertad que tienen los gestores de este tipo de fondos, pudiendo concentrar la cartera en algunos pocos valores, incorporar derivados financieros o realizar apuestas de arbitraje permite ampliar la posibilidad de retorno, aunque el riesgo es mucho mayor y son productos ilíquidos en los que se requiere un horizonte temporal de largo plazo para obtener una visibilidad de su rendimiento.

La previsión sobre los FIL son muy halagüeñas, dado que la futura reforma de la ley de Instituciones de Inversión Colectiva recogerá una reducción de la inversión mínima hasta los 10.000 euros, siempre que se realice bajo asesoramiento y no represente un porcentaje significativo del patrimonio del inversor, al igual que ha ocurrido con los fondos de mercados privados.

Este cambio podría suponer un mayor impulso de los FIL en un momento en que las gestoras tratan de diversificar su apuesta por otro tipo de productos que les garanticen el cobro de mayores comisiones a sus clientes a cambio de una mayor rentabilidad. El mayor peligro de este tipo de fondos es su iliquidez y que la estrategia del gestor no proporcione los resultados esperados en el tiempo previsto, lo que supondría asumir pérdidas por parte del inversor.