Llega la hora de la verdad en las Telecomunicaciones

Cegados por el ritmo desenfrenado de la actualidad y por el intervencionismo de reguladores y legisladores, que dictan órdenes para atenuar el efecto combinado de la escasez de suministros energéticos y del encarecimiento de cualquier producto, otras cuestiones nos pasan desapercibidas. Como que una industria no se ha visto afectada por este frenesí revisionista: la de las telecomunicaciones. Y no es casual: es uno de los pocos sectores que ha fortalecido el poder adquisitivo del consumidor, además del pilar que mantuvo gran parte de la actividad económica desde marzo de 2020.

Se da por sentado que este es un servicio básico que nunca falla, sin ser conscientes de la enorme estructura que lo sostiene y su coste. Así, el regulador persiste en su empeño por mejorar sus prestaciones y aspira a que cualquier usuario dentro de la Unión Europea (UE) tenga acceso a 1Gb por segundo en 2030 (33 veces superior a su objetivo en 2020) con una inversión agregada de 0.3 billones de euros (cerca de un 25% del PIB español) y descansando en la iniciativa privada para financiar el grueso del plan.

¿Es capaz de afrontar el sector este nuevo reto? La respuesta es no. Y para ilustrarla, es necesario echar la vista atrás y hacer un recuento de los hechos que han determinado la incapacidad del sector para acometer este plan.

Una de las tónicas en este siglo ha sido el intervencionismo de la UE en las telecomunicaciones. Su hiperactividad regulatoria se centró en forzar una homogeneización a la baja de tarifas y en rebajar las barreras de entrada. Todo ello favoreció el advenimiento de cientos de operadores que, con una inversión mínima, alcanzaban una rentabilidad aceptable y generaron una espiral deflacionaria en el precio de los servicios ofertados. Y todo esto se jalonó con periódicas subastas de espectro, que exigían cuantiosos desembolsos para alcanzar los niveles de cobertura requeridos.

Ante este panorama, los principales actores optaron por la consolidación. Mas la presión en precios derivó en pobres sinergias operativas, mientras que su endeudamiento alcanzaba cotas insostenibles.

El balance final ha sido desolador, con rentabilidades a la baja, flujos de caja menguantes (en un tercio en la última década), alta deuda y exigua capacidad de inversión. Además, en esta industria pululan cientos de operadores. Esto contrasta con la estructura del saneado sector en Estados Unidos, donde hay menos de una docena y con ingresos por usuario que más que duplican los de Europa. No sorprende así que en Europa la industria lleve unos años en fase de desinversión o dando entrada a socios financieros para acometer ciertas inversiones.

En consecuencia, el plan de cobertura delineado por la UE resulta inabordable. Es paradójico pretender cargarlo a la espalda de un sector al que ha asfixiado durante décadas. No se vislumbra otra alternativa a que sea la propia UE quien lo reanime, al menos para tener garantías de alcanzar unas metas que ella misma ha fijado. Es, por lo tanto, esperable un renacer del sector en los próximos años y en especial de aquellos operadores más capacitados para desarrollar los proyectos previstos.

Se observa que la UE está maniobrando en este sentido. El comisario Thierry Breton anunció recientemente que, a inicios de 2023, se abrirá una consulta sobre si los distribuidores de contenido (Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Netflix, etc.) deben soportar los costes de la red derivados de su actividad, tasados en 20.000 millones de euros al año. Un símil: en una autopista no paga lo mismo una moto que un camión de cinco ejes; el impacto de una y otro son muy distintos en términos de mantenimiento, reparaciones, riesgo de accidentes, etc. En la red sucede lo mismo y este planteamiento ya ha tenido cierto recorrido en otros mercados. Como Corea del Sur o Francia.

En contra del sector juega el enorme y efectivo influjo que esos grupos ejercen sobre las áreas de poder. Hasta la fecha, en la UE han encontrado un entorno muy favorable para asentar sus negocios. Sin embargo, desde Mirabaud intuimos un cambio de percepción: haciendo del pragmatismo virtud y dada la limitación del sector para financiar nuevas redes, la UE está más abierta que nunca a explorar nuevas fuentes para los fondos necesarios. La partida ya ha comenzado en Bruselas. Hay que estar atento a las señales que de allí procedan.