Vox y PSOE se alían en Castilla y León para modificar la Ley de Publicidad Institucional

De enemigos irreconciliables a aliados parlamentarios. PSOE y Vox han unido fuerzas este miércoles en las Cortes de Castilla y León para sacar adelante la modificación de la Ley de Publicidad Institucional e infligir la primera derrota parlamentaria al PP en 37 años. El texto prevé sacar a concurso en tres meses la concesión de la televisión autonómica y limitar al 33% de la cifra de negocio de cada medio de comunicación el tope de apoyos públicos.

Lo paradójico es que ya antes de ser aprobada la proposición de ley, el Partido Socialista anunciaba que tramitará en el Parlamento autonómico una modificación de la reforma. En concreto, uno de los puntos más polémicos es el que se refiere al establecimiento de un límite del 33% sobre la cifra de negocio del medio de comunicación de las ayudas institucionales que puede recibir.

Eso supone que habría que contabilizar no solo la publicidad de la Junta sino la de ayuntamientos o diputaciones, lo que puede suponer un duro varapalo a aquellos medios de comunicación más pequeños asentados en el medio rural, incapaces de sobrevivir sin una parte importante de ayudas públicas.

Abocados al cierre

En este sentido, el Colegio de Periodistas de Castilla y León, que ha lamentado que la proposición de Ley saliese adelante sin consenso parlamentario y sin haber consultado al sector, ha advertido de que "algunas de las modificaciones aprobadas pueden dar lugar a interpretaciones lo que supone una gran incertidumbre entre los medios de comunicación, ya que según se interpreten y apliquen algunos medios pueden estar abocados al cierre o se puede producir el despido de periodistas".

Otro de los puntos que incluye la modificación, que nació a instancias de Podemos para combatir los bulos y que ha contado con la abstención de UPL y Soria Ya y el rechazo de PP y Por Ávila, es la creación de un Consejo de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre acorde con la distribución política del Parlamento Regional, que será la que deberá decidir la subvención que se destina a la televisión autonómica, que este año recibirá 23 millones de euros.

Además, se convocará en tres meses el concurso de la concesión de la televisión autonómica, hoy en manos de una sociedad formada por Edigrup y Promecal.

Otro de los aspectos que pueden provocar distorsiones se refiere a la prohibición de destinar publicidad institucional a aquellos medios que hayan sido condenados dos veces durante los últimos tres años a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y la intimidad y la propia imagen o delitos de odio.