El Canal de Isabel II valora en 127 millones la red que tiene que desmantelar

El Canal de Isabel II ha valorado los activos de su red latinoaméricana, en proceso ahora de venta o cierre de filiales, en 127 millones de euros, según las últimas cuentas anuales de la empresa pública. El estallido de la operación Lezo ha puesto en cuestión la red que el Canal de Isabel II tiene en la región ante las sospechas de que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, podría haberla utilizado para el blanqueo de capitales. | Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Madrid.

El grupo, que había anunciado ya en julio del año pasado una reestructuración y la liquidación de parte del entramado, encargará ahora una auditoría para valorar los activos de cada una de sus filiales al otro lado del Atlántico. En los últimos meses, el actual presidente del Canal, Ángel Garrido, ha acometido ya el cierre de las empresas que estaban sin actividad.

En el último informe de la Cámara de Cuentas, elaborado en 2016, figuraban sin actividad las dominicanas Watco e Inforesa, la Triple A de Venezuela y las mexicanas Iamex y Mexaqua. Entre las sociedades que se habrían cerrado también figuraría Emissao, cuya compra en noviembre de 2013 por 21,3 millones de euros desató las sospechas y está en el origen de la trama de corrupción, el desvío de fondos a paraísos fiscales y el blanqueo de capitales.

El Canal lleva invertidos en total más de 150 millones de euros en montar la red latinoamericana, de acuerdo con la investigación que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Del total de la cifra de negocios del grupo, que ascendió en 2015 a 1.034 millones de euros, el 83% se genera en el mercado nacional y el 17% en el iberoamericano. La mayor parte de la inversión se ha efectuado en la compañía colombiana Inassa, cabecera de gran parte de los negocios en la región y en la que el Canal tiene una participación actualmente del 81,24%, quedando el 18,76% restante en manos de la firma Sociedad Latinoamericana de Aguas (Slassa), con sede en Panamá. Para llegar a esa participación, el Canal ha desembolsado ya un total de 113,4 millones de dinero público.

La entrada en Inassa se produjo en 2001, con Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la comunidad autónoma, y Carlos Mayor Oreja al frente del Canal a través de la sociedad filial Extensia. El Ejecutivo acordó en ese momento la compra del 75% de la compañía por un importe de 83,6 millones de euros, pero tan solo un año después tuvo que hacer una ampliación de capital por otros 13,7 millones más. En 2005 pagó otros 511.000 euros por un 3% adicional y en 2006 suscribió una segunda ampliación de capital para llegar a la actual participación accionarial por otros 16,1 millones.

De Inassa cuelgan actualmente diez sociedades filiales. Algunas de estas compañías estaban ya integradas en el grupo Inassa cuando fue adquirido por el Canal de Isabel II, pero otras se han ido comprando a lo largo de los años. Al margen de las compras, el Canal ha ido también creando sociedades para incrementar la red, como la firma offshore Soluciones Andinas de Agua, constituida en Uruguay para articular la compra de Emissao.

El Canal de Isabel II llevó a cabo en noviembre de 2013 la compra de esta filial brasileña, Emissão Engenharia e Construções, con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su consejo de administración.

Sin embargo, y según han explicado en las últimas semanas fuentes del Ejecutivo autonómico, la empresa pública no pidió permiso en ningún momento a su máximo órgano ejecutivo, por lo que Cifuentes no habría tenido conocimiento alguno de los términos de la operación, que se elevó a 21,4 millones de euros. A pesar de la existencia de importantes deficiencias legales y financieras, la compra fue aprobada por el consejo de Canal Extensia, la filial del grupo encargada del desarrollo del negocio internacional en Latinoamérica.

Al margen del órgano ejecutivo del grupo, el Canal tampoco pidió autorización ni al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el órgano colegiado que dirige la política autonómica, ni a la Consejería de Hacienda. En ese momento, el presidente de la Comunidad era Ignacio González, que había nombrado al frente de la empresa a su número dos, Salvador Victoria.

La actuación de Cifuentes

Aunque es cierto que Cifuentes llevó el caso a la Fiscalía, dos años después de la compra de Emissao, y pese a que el quebranto patrimonial causado por la operación ya era público -el balance consolidado reflejaba un deterioro de 26 millones-, cuatro consejeros de su Gobierno firmaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2015. Se trata de su número dos en el Gobierno autonómico, Ángel Garrido, presidente del Canal; de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, y de los consejeros de Transporte y Medio Ambiente, Pedro Manuel Rollán y Jaime González Taboada, respectivamente.

Tras la puesta en marcha de una comisión de investigación en 2015 en la Asamblea de Madrid y ante la falta de explicaciones por parte del PP regional, el pasado mes de marzo todos los grupos de la oposición -Podemos, PSOE y Ciudadanos- denunciaron la operación ante Anticorrupción. En dicho escrito, ponen especial énfasis en la actitud del Comité de Auditoría Interna del Canal, constituido en 2014, justo después de la compra de la empresa brasileña.