El Supremo obliga a Cifuentes a quedarse con la MP-203 de Ferrovial

La Comunidad de Madrid tendrá que quedarse con la autopista MP-203 que conecta Vallecas con Alcalá de Henares, en Madrid, y cuya concesión ostenta Ferrovial. El Tribunal Supremo, en un auto fechado el 22 de diciembre y al que ha tenido acceso este diario, ha rechazado el recurso de casación que interpuso el Gobierno regional contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El fallo implicará la resolución del contrato de una autopista inacabada y ahora el Ejecutivo que preside Cristina Cifuentes y la constructora tendrán que establecer la compensación, que superaría los 70 millones de euros.

La MP-203 es una autopista de peaje de 12,5 kilómetros cuya construcción, conservación y explotación adjudicó la Comunidad de Madrid en 2005 a Cintra, filial de Ferrovial. El presupuesto alcanzó los 77,58 millones de euros. El contrato proyectaba una vía que se iniciaría en la autovía A-2, a la altura de Alcalá de Henares, y enlazaría con la R-3, en Mejorada del Campo, y la M-50. El objetivo era permitir una entrada rápida a Madrid, desde Alcalá de Henares hasta O'Donnell.

Las obras arrancaron en noviembre de 2005. Lo hicieron sin tener en regla todas las licencias requeridas. El Gobierno madrileño y Cintra confiaron en conseguirlas en el transcurso del proyecto. Sin embargo, desde 2007, cuando se había avanzado el 70% de la infraestructura y se habían invertido unos 70 millones, la empresa detuvo su construcción. De esta forma, desde hace casi diez años la MP-203 es una autopista inacabada que muere en un secarral, a sólo 300 metros de la R-3. Esta decisión estuvo motivada por la falta de acuerdo de la sociedad Alcalá O'Donnell, la concesionaria propiedad de Cintra que gestiona la MP-203, con el Ministerio de Fomento en relación a las obras necesarias para la conexión con la R-3. La empresa se negó a suscribir un convenio porque implicaba asumir el coste de las expropiaciones de terrenos que fueran necesarios para la eventual ampliación de la R-3, obra objeto de una concesión diferente por parte de otra Administración (Fomento) y a otra concesionaria. Una controversia que no cayó por sorpresa, porque ya en 2001 la concesionaria de la R-3 (Accesos de Madrid) había puesto objeciones al proyecto.

Cintra solicitó el 31 de octubre de 2012 la resolución del contrato, pero la Comunidad de Madrid no respondió, lo que dio lugar a su desestimación por silencio. Asimismo, la concesionaria recurrió la orden de la Consejería de Transportes, de 6 de agosto de 2013, por la que impuso a la empresa penalizaciones por incumplimiento contractual. El Gobierno regional se acogió a la cláusula 28.1.6. del pliego de concesión que, a su entender, obliga a Cintra a gestionar las licencias y autorizaciones necesarias, incluida la de Fomento, ya que la cláusula 27.1.4. establece que la empresa debe correr con los costes de adquisición de terrenos para la futura ampliación de la R-3. De no asumir estos costes, "se produciría un enriquecimiento ilícito de la concesionaria".

El cambio en la R-3

El TSJM, en sentencia del 6 de febrero de 2015, declaró la existencia de causa de resolución y anuló esta orden. Ahora, tras el recurso de casación del Ejecutivo autonómico, el Supremo vuelve a dar la razón al grupo que preside Rafael del Pino, en un proceso que revela una vez más la falta de planificación y el descontrol político, con previsibles consecuencias en las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.

El contrato recoge que en caso de incumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, como ha ocurrido por no obtener las licencias pertinentes, la Administración tendrá que abonar a la sociedad una compensación por el valor patrimonial de la inversión equivalente al valor de las obras ejecutadas, entre otros conceptos. Ferrovial ha destinado en torno a 70 millones. No obstante, la firma aún no ha estimado los costes que reclamará.

La Comunidad de Madrid negociará ahora con Ferrovial. Su intención es poner la autopista en servicio, pero sin peajes. Para ello, tendrá que poder conectar la vía con la R-3, cuya titularidad pasará el próximo verano a manos del Estado. El Ejecutivo madrileño confía en que este cambio allanará el camino para convertir esta carretera fantasma en una realidad.