Los presidentes de las Audiencias Provinciales alertan de disfunciones por las reclamaciones bancarias

Los presidentes de las Audiencias Provinciales alertan de las disfunciones que causa la multitud de reclamaciones por contratos bancarios. En estos casos, exigen que se adopten medidas organizativas y legales para proteger el derecho de los usuarios de la Administración de Justicia a obtener en un tiempo adecuado la tutela judicial de sus derechos.

Así lo destacan en las conclusiones de las XIX Jornadas Nacionales de presidentes de Audiencias Provinciales. El evento ha reunido en Vitoria a 37 máximos representantes de los tribunales provinciales, que han finalizado con la aprobación de un documento de conclusiones sobre los asuntos confirmados en las distintas mesas de trabajo. Los asistentes han debatido sobre sus funciones gubernativas, representativas y jurisdiccionales; han analizado la situación actual de los tribunales que presiden y han intercambiado opiniones sobre las relaciones institucionales o la comunicación y la transparencia.

Subrayan, además, que en cumplimiento de la obligación de supervisar la composición de las Salas, deberán interesar de la Sala de Gobierno en los casos de los llamados macrojuicios, el refuerzo de magistrados que se estime preciso para que el buen funcionamiento de una sección no se vea alterado con la celebración de dichos juicios. Piden así que siempre en la sección queden tres magistrados para seguir atendiendo la celebración ordinaria del resto de juicios, deliberaciones, otros actos procesales y el dictado de resoluciones urgentes.

Los magistrados consideran necesario que, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se respeten los principios de presunción de inocencia y de secreto de las actuaciones penales en sus comunicaciones públicas sobre hechos que determinen una investigación judicial. A su juicio, en línea con las recomendaciones de la Red Europea de Consejos de Justicia, debería estudiarse la oportunidad de la figura del juez portavoz o juez divulgador, que en colaboración con los Gabinetes de Comunicación de los TSJ y con la aptitud y formación apropiada, explique a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, el contenido de decisiones judiciales y su fundamento en las normas y principios constitucionales. El objetivo sería fortalecer la confianza en la Administración de Justicia a través de su función divulgativa.

Por otra parte, exigen las medidas necesarias para que el expediente judicial electrónico sea una herramienta útil y práctica para los jueces, dado que su actual configuración no facilita el ejercicio de la función jurisdiccional. También apuntan que a fin de tutelar los derechos de las víctimas, deben adoptarse medidas para evitar las demoras en la emisión de dictámenes por parte de los equipos técnicos psicosociales.