El vicepresidente andaluz considera "infame" que el PP le cite como testigo en los ERE por estrategia "política"

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha calificado de "infame" que el Partido Popular por estrategia "política y no judicial" le haya citado como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el sistema de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2010, por unos hechos "de hace 15 años", cuando era alcalde de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.

A petición del PP-A, Jiménez Barrios ha declarado como testigo este miércoles en la pieza política de los ERE, en la que, entre otros, están siendo juzgados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque, siendo alcalde de Chiclana de la Frontera (1993-2003), el Ayuntamiento fue beneficiario de una ayuda de los ERE de 24.000 euros concedida por la Dirección General de Trabajo para financiar la Feria de Muestras y Turismo a celebrar en la localidad del 8 al 11 de mayo de 2003.

Tras concluir su declaración, que ha durado unos 20 minutos y en la que sólo ha sido cuestionado por el abogado del PP-A, Jiménez Barrios ha atendido a los medios a las puertas de la Audiencia Provincial. El vicepresidente ha considerado "infame" que el PP-A por "estrategia política" le cite como testigo por "algo de hace 15 años", añadiendo que los populares "sólo pretendían traer aquí --a la Audiencia-- a algún miembro del Gobierno actual para pasar por esta situación".

Según Jiménez Barrios, esta estrategia política del PP-A "siempre le pasa factura" porque "no es de recibo hacer pasar a la gente por aquí por algo que incluso el fiscal no ha preguntado". Además, ha recordado que en su declaración en fase de instrucción, que "duró tres minutos", los abogados del PP-A "no preguntaron". "Ahora pregunta por algo de 15 años por una ayuda de 24.000 euros suficientemente justificada", ha afirmado.

Como ha declarado en el juicio, ante los medios Jiménez Barrios ha asegurado que "hace 15 años no conocía nada en absoluto" del programa presupuestario 31L con el que se pagaban las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo y cuyo abono materializaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). "Me limité a pedir a múltiples instancias ayudas para una feria que costó 300.000 euros y que organizaba la asociación de emrpesarios local", ha añadido.

Por último, ante los medios, el vicepresidente ha confiado, como "desea todo el mundo", en que el juicio y el veredicto sean "rápido". "Pedimos celeridad y pronta resolución para que se sepa qué ocurrió", mostrando su "plena" confianza en la "inocencia y honestidad" de los expresidentes Chaves y Griñán.

20 MINUTOS DE DECLARACIÓN

En torno a las 12,20 de este miércoles ha comenzado la declaración de Jiménez Barrios como testigo ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que juzga el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los ERE.

A preguntas de la acusación del PP-A, el vicepresidente ha señalado que en 2003, cuando solicitó la ayuda para la feria, no conocía "en absoluto" la posibilidad de pedir subvenciones a la Consejería de Empleo con cargo al programa 31L.

Con exhibición de la carta que mandó al entonces delegado provincial de Empleo en Cádiz Agustín Barberá, acusado en este juicio por su etapa como viceconsejero, para solicitar ayuda para la feria, Jiménez Barrios ha explicado era una carta "tipo" para múltiples instancias como bancos, Diputación Provincial o Delegación Provincial de Empleo para solicitar ayudas, calificando de "ínfima" la cantidad aportada por la Junta, 24.000 euros.

Al hilo de esto, ha asegurado que "no conocía la línea de ayudas" de la Dirección General de Trabajo, insistiendo en que su actuación "se limitó a solicitar por escrito ayudas para la asociación de empresarios", respondiendo reiteradas veces esta respuesta a preguntas de la acusación particular sobre si concedió subvenciones siendo alcaldes y su procedimiento.

"Hablé con todo el mundo que pude para financiar la feria", ha afirmado tras ser preguntado si realizó gestiones con consejeros.

GASTOS "SUFICIENTEMENTE" JUSTIFICADOS

Jiménez Barrios ha indicado que desconoce que organismo pago la ayuda, en este caso, IFA/IDEA, en noviembre de 2003, si bien ha asegurado que la organización de la feria "justificó" todos los gastos "suficientemente". "La Junta reclamó la ayuda y posteriormente un alcalde del PP ganó el contencioso y el dinero fue reintegrado al Ayuntamiento", ha señalado en su declaración.

Igualmente, el vicepresidente ha manifestado que "no tiene conocimiento" de los aspectos técnicos del convenio firmado por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, acusado en este juicio, y el IFA, donde se recoge que se trata de una ayuda "específica e incondicionada". "No tenía por qué conocer el procedimiento" de concesión de las ayudas, ha afirmado.

El interrogatorio de Jiménez Barrios por parte del abogado del PP-A Luis García Navarro, como el anterior a la exconsejera Mar Moreno, se ha visto interrumpido por el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien ha indicado al letrado que la línea del interrogatorio era "irrelevante" para la causa, en concreto las preguntas por la decisión del gabinete jurídico de la Junta de "reservarse" acciones civiles para reclamar el dinero presuntamente defraudado. Esto ha motivado que los abogados del PP-A hayan formulado respetuosa protesta.

"El gabinete jurídico es un órgano autónomo y con criterio independiente", ha señalado Jiménez Barrios, quien en declaraciones a los medios ha explicado que "se ha reservado acciones civiles para lo que siempre hace, recuperar el dinero que pueda haber sido defraudo". "La Junta, en base a la autonomía de los servicios jurídicos y su independencia de criterio, estableció que en las piezas separadas había que ir a recuperar el dinero, como se ha hecho en el Tribunal de Cuentas", ha añadido.

De otro lado, el abogado del PP-A ha preguntado a Jiménez Barrios, "si como mantienen las defensas los parlamentarios tenían conocimiento del 31L, él conoce todas las partidas del Gobierno". El vicepresidente ha manifestado que "los diputados tienen conocimiento y nivel suficientes para entender lo que plantea el Gobierno" y tienen a su disposición la Oficina de Control Presupuestario en la Cámara autonómica.