La mitad de jueces y fiscales secundan una huelga histórica en la Justicia

En torno a la mitad de la Carrera Judicial y del Ministerio Público ha secundado hoy la huelga convocada por las siete asociaciones de jueces y fiscales. Según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2.916 jueces y magistrados -y, según los convocantes, 1.264 fiscales- se han sumado a los paros para reivindicar más independencia y "una reforma de la Justicia real, que nos lleve al Siglo XXI".

Los paros se han hecho notar durante la jornada en todas las jurisdicciones y en todos los Órganos, desde los juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo. De hecho, 31 magistrados de los 76 que forman el Alto Tribunal han mostrado su apoyo a la huelga. El comunicado, que en principio contaba con el apoyo de 30 magistrados, ha sumado finalmente esas firmas tras la adhesión del magistrado de la Sala Primera, Antonio Salas Carceller. Además, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron también que ocho de los 87 jueces destinados en el Organismo apoyaron los paros.

Los TSJ muestran su solidaridad

Por su parte, los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) ha emitido un comuncado en el que muestran su solidaridad con las asociaciones judiciales y fiscales. "Apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales que defienden", destacan. Sin embargo, los presidentes de los TSJ no se han sumado a la huelga. "Nuestra  posición institucional nos impide sumarnos a medidas de presión colectivas en nuestro ámbito profesional", han recordado los presidentes.

Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el número de jueces y magistrados que ha comunicado a la presidencia del TSJM su decisión de secundar la jornada de paro convocada hoy por las asociaciones judiciales es de 361 de los 734 posibles, lo que supone una participación del 49,18 por ciento.

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha subrayado durante la rueda de prensa del comité de huelga, recogida por Europa Press, que "lamentamos los perjuicios que se hayan podido causar a los ciudadanos y a los justiciables y pedimos disculpas, pero también comprensión para que sepan que estamos luchando por un servicio público mejor". En este sentido, ha apostillado que "nuestras reclamaciones deben redundar en beneficio de la sociedad".

Por su parte, Montserrat García, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF), ha pedido "un cambio real de la Justicia que nos posibilite la atención debida a cada uno de los asuntos".

Ante estas reivindicaciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en la necesidad de "diálogo y concertación" con los operadores jurídicos para afrontar las reformas de la Administarción.  Catalá ha subrayado que las 18 demandas profesionales planteadas son ya objeto de negociación. "La mayoría de ellas será pronto una realidad puesto que han sido incluidas en diversos proyectos de ley que están en estos momentos en tramitación parlamentaria", ha asegurado.

Las reivindicaciones

Sin embargo, y pese a las palabras del minsitro, el comunicado conjunto de las siete asociaciones de jueces y fiscales sostiene que "hasta la fecha, el gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y su desigual aplicación en el territorio".

Los convocantes aseguran que "el balance no puede ser mas decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del CGPJ". 

Piden reformas sobre "el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal. Junto a ello, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal".