Tribunal visiona la declaración de Guerrero que equiparó ayudas ERE a las estatales
Guerrero, uno de los principales acusados en esta causa por presunta prevaricación y malversación al dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma "arbitraria" y "sin control", según el auto de apertura del juicio, no ha llegado a ratificar esa declaración ni a retractarse como de sus anteriores comparecencias en 2011 y 2012 leídas en el juicio, ya que el vídeo de la misma no ha terminado de verse en la sesión de hoy.
Al comienzo de esa declaración, hecha el 21 de octubre de 2015 al poco de que asumiera el caso la jueza María Núñez en sustitución de Mercedes Alaya (que lo envió dos veces a prisión), Guerrero explicó que acudía voluntariamente para "dejar claro de una vez cómo era el sistema de concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía, que era exactamente el mismo que marcaba la orden ministerial de abril del 95 con el que se daban las ayudas del Ministerio de Trabajo".
Guerrero se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación en un juicio en el que se sienta en el banquillo de la Audiencia de Sevilla junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exinterventor Manuel Gómez y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
En esa comparecencia, que hoy han escuchado todos, el exdirector de Trabajo dijo que durante sus nueve años en el cargo "había un mandato y un procedimiento al que me ceñí siempre" para ayudar a empresas en crisis y trabajadores prejubilados por éstas, sistema que se implantó en 2001 mediante un convenio entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) que pagaba las ayudas con dinero transferido de la Junta.
A ese sistema puso reparos el interventor general de la Junta en un informe de 2005 porque se estaban "mermando" las arcas del IFA, lo que llevó al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá a acudir a su homóloga de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, quien convocó a una reunión a Guerrero, al interventor Manuel Gómez y al director de Presupuestos Antonio Lozano, todos hoy en el banquillo.
En la reunión se explicó el sistema y "Aguayo dijo que se siguiera con el procedimiento tal y como se estaba llevando a cabo" y el interventor "estuvo también de acuerdo" porque "no le parecía mal a nadie".
Según dijo Guerrero en su momento, todas las ayudas se dieron previa solicitud y mediante expedientes que si tras su salida del cargo no constan es porque "han desaparecido" o se "ha espurgado documentación".
Negó que se dieran "a nadie que no cumpliera los requisitos" ni haberlas usado para lucrarse él mismo o a amigos y familiares, llegando a justificar una póliza a su suegra que "tenía derecho como otros 6.300 trabajadores porque se quedó sin trabajo".
El visionado de esta declaración concluirá mañana tras lo cual Guerrero deberá ratificarla o no y comenzará su interrogatorio -el primero-, en el que sólo responderá a su abogado, motivo por el cual la Fiscalía ha obligado a reproducir en el juicio sus anteriores declaraciones en la Policía (11 de marzo de 2011), la Guardia Civil (en enero y febrero de 2012), ante Alaya (durante tres días en marzo de 2012) y ante Núñez (en octubre de 2015).
De todas las anteriores, en las que alegaba que las ayudas que concedía eran conocidas por "todo el Consejo de Gobierno", se ha retractado, incluida la hecha ante Alaya que ha terminado de leerse hoy, en la que criticó a Chaves y Viera por "humillarle para defender su honorabilidad".
En esa declaración fue preguntado por el testimonio de su exchófer Juan Francisco Trujillo, según él cual con dinero de los ERE compró droga para su jefe -unos hechos que se investigan en una pieza separada- y respondió que "nunca" ha consumido cocaína y que "sólo fuma Marlboro" y toma "un gin tonic al día" pero no es alcohólico.
La anécdota de la jornada la ha protagonizado el letrado de la administración de justicia Rafael Castro de la Nuez, molesto por tener que leer durante horas y que ha pedido ayuda porque no es "una máquina" y también tiene derecho a descansar.