La Justicia reconoce 20 días de indemnización a un funcionario interino

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de La Coruña ha reconocido por primera vez el derecho a indemnización a un funcionario interino, tras su cese. La sentencia admite 20 días por año trabajado a un profesor, cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones objetivas.

El fallo, al que ha tenido acceso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), establece que el funcionario interino tiene el mismo derecho que los empleados temporales en régimen laboral de la Administración Pública, como sucedió en la sentencia del auxiliar administrativo Diego Porras, que motivó la llamada de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, apunta que el concepto de razones objetivas requiere que la desigualdad de trato apreciada esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto especifico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto.

La sentencia, de 30 de junio de 2017, subraya que "los elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto, no se nos dice desde luego cual es la necesidad autentica ni cuál es el objetivo perseguido.

250.000 afectados

Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia o la Sanidad). CSIF calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios valora de manera positiva esta sentencia. Indica en una nota que "pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización del empleo público en el conjunto de las comunidades autónomas, dado que podría producirse un aluvión de reclamaciones y la saturación de los juzgados". Contra este fallo todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo.