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El Tribunal de la UE reduce a 15 meses la duración de los procesos

  • Récord en cuestiones prejudiciales ante la institución en 2016 con 470 planteadas

Pedro del Rosal

La duración del conjunto de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se redujo en 2016 hasta los 14,7 meses de media. El organismo rebaja así al mínimo desde su creación el plazo para resolver los asuntos. Una circunstancia que, además, le ha permitido aliviar el número de asuntos pendientes, al concluir más de los que ingresó, según las estadísticas judiciales difundidas por la institución.

A lo largo del año pasado, el TJUE terminó 704 asuntos -un 14 por ciento más con respecto a 2015, en el que finalizó 616-, frente a los 692 iniciados. Unas cifras que, según el propio organismo, revelan "una notable productividad". A 31 de diciembre de 2016, en consecuencia, los procedimientos pendientes eran 872 -un año antes había 884 asuntos sin resolver-.

Del total de procesos abiertos, 470 son cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces nacionales. Una "cifra récord" desde la creación del Tribunal y que "refleja al mismo tiempo la importancia del procedimiento prejudicial en la construcción del Derecho de la Unión Europea y la confianza depositada por los órganos jurisdiccionales nacionales en esta forma de cooperación judicial" en la interpretación y aplicación uniforme de las normas comunitarias.

De media, las cuestiones prejudiciales resueltas en 2016 se tardaron 15 meses en resolverse. Un dato que la institución explica por la optimización de todas las posibilidades que ofrecen las normas procedimentales. El tiempo necesario para resolver los recurso de casación, por su parte, fue de 12,9 meses -frente a los 14 meses del año anterior-. En ambos casos se trata de la duración más baja registrada.

Evolución inversa

El Tribunal General europeo (TGUE) , por su parte, experimentó la evolución contraria en cuanto a los asuntos ingresados y evacuados. En 2016, este órgano inició 974 expedientes y terminó 755 -frente a los 831 y 987, respectivamente, del año anterior-.

Uno de los factores que explica el incremento de los ingresos es el traspaso de la competencia para conocer en primera instancia de los litigios del antiguo Tribunal de la Función Pública, disuelto el 1 de septiembre de 2016.

La reducción de la productividad en la resolución de asuntos -en 2014 se terminaron 814; en 2015, 987- se debe, según el TGUE, al saneamiento del retraso acumulado en años anteriores y a la renovación trienal de los jueces del órgano, "que no pueden contribuir de manera visible ni sustancial" durante los primeros meses de mandato.

Frente a la acumulación, el Tribunal destaca al reducción de la duración de la instancia, que registró una media de 18,7 meses, lo que supone una reducción de 1,9 meses con respecto a 2015 y 8,2 meses en relación a 2013.