Los economistas reclaman el aumento de tasas judiciales

El Consejo General de Economistas (CGE) reclamó ayer un incremento de las tasas judiciales, con dos objetivos: por un lado, que contribuyan en mayor proporción a la financiación de la Justicia y, por otro, reducir la elevada tasa de litigiosidad. Un aumento que, en todo caso, no debe perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva de ciudadanos y personas jurídicas.

"Nada indica que vaya a aumentarse la financiación pública del sistema judicial", expuso Valentín Pich, presidente del CGE, por lo que, a su juicio, debe considerarse que las tasas representen un mayor porcentaje del coste del sistema.

En la actualidad, en España la participación de las tasas en el presupuesto de juzgados y tribunales está muy por debajo de la media europea con el 13,8 por ciento, frente al 26,4 por ciento del conjunto del continente -en la Europa de los 15, asciende al 30 por ciento-. En Alemania, por su parte, las tasas representan el 43 por ciento del gasto.

La tasa de litigiosidad es, junto con la elevada producción normativa, los dos principales problemas que señaló el CGE en la presentación de su informe Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España.

El número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes en nuestro país es de casi 180 por cada 1.000 habitantes -datos de 2015-, una de las más altas de los países de nuestro entorno.

"Si puedo litigar y el coste lo paga otro, tengo un incentivo a seguir litigando", aseveró Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico: "si el precio es cero, la demanda es infinita".

Los economistas rechazaron proponer un modelo y explicaron que únicamente pretendían exponer la relación entre litigiosidad y gratuidad de la justicia. En todo caso, Pich sí manifestó su rechazo a un modelo en el que las empresas paguen tasas y las personas físicas no. "Modelos híbridos sin lógica no tienen sentido porque despistan", añadió.

Demasiadas leyes

El Consejo también mostró su preocupación por la "vorágine legislativa" que sufre nuestro país; una superproducción normativa a las que suman la "mala calidad" de las leyes que aprueban tanto las Cortes como los Parlamentos regionales.

Así, el informe subraya que en España en 2015 se aprobaron 884 normas de nivel estatal, un 25 por ciento más que en 2014. Las normas tramitadas por las comunidades, por su parte, fueron 304, un 30 por ciento más que un año antes.

La implantación del sistema Lexnet ha servido para que España se incorpore a la media europea en el grado de desarrollo tecnológico de la Justicia. Sin embargo, el CGE muestra su "sorpresa" por que existan, entre las autonomías con competencias cedidas, ocho sistemas informáticos distintos y que resultan incompatibles entre sí.

"Los referentes deben ser los modelos tecnológicos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social", apuntó Pich.

Finalmente, los economistas mostraron su preocupación por la mala percepción ciudadana sobre la independencia de la Justicia. El 64 por ciento de los ciudadanos en España la cuestiona, cifras que no sitúan en el vagón de cola de la UE.

Según subrayaron, el CGE no cree que exista, en absoluto, un problema de independencia judicial, pero sí reclamaron medidas para que "no sólo lo sea sino que también lo parezca". En este sentido, se sumaron a las voces que exigen a las fuerzas políticas un pacto de Estado por la Justicia.