Catalá afirma que la seguridad jurídica es parte de la marca España

La seguridad jurídica en España con vistas a potenciar la llegada a España de inversiones extranjeras se ha convertido en uno de las principales objetivos del Gobierno para la actual legislatura.

"La seguridad jurídica debe entenderse como un factor esencial de la marca España, porque es indiscutible que el país que da mayor seguridad jurídica logra mayores cotas de inversión y un mayor crecimiento económico", afirmó ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el transcurso de su intervención en la Workshop de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (Unece), organizada por el Colegio de Registradores.

Necesidad de coordinación

Dijo también Catalá, que "no pueden existir mercados de negociación libre de bienes inmuebles, sin un sistema de seguridad jurídica preventiva. Los Registros de la Propiedad cumplen esta función, pero es necesario que estén coordinados con los datos obrantes en el Catastro, tal y como se regula en la reciente Ley 13/2015, de reforma hipotecaria".

Además, se refirió el ministro a la importancia para la seguridad jurídica, de la solución de conflictos incluida en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015).

El encuentro internacional, inaugurado ayer, reúne en Madrid a expertos de 40 países para debatir, entre otros asuntos, sobre derecho de propiedad y competencias regulatorias en el ámbito de la Unión Europea (UE), distintos modelos de interacción Registro-Catastro -sueco, ruso, italiano, inglés, alemán o austriaco, entre otros-, y su incidencia en el tráfico jurídico inmobiliario.

El decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, dijo que ?la coordinación de la información existente en el Registro de la Propiedad y el Catastro resulta indispensable para una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y Administraciones, incrementando la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificando la tramitación administrativa?.

Para Fernando P. Méndez, director de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores, "la cooperación jurídica entre los Registros de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario no es sino una manifestación de la cooperación judicial, tal como se prevé en los distintos tratados de la UE, desarrollados por los diferentes reglamentos, y un instrumento para aplicarlo efectivamente en el ámbito de los derechos de propiedad inmobiliaria".

Y añadió Méndez que "la UE podría legislar sobre la propiedad y otros derechos reales si tal regulación facilitase el ejercicio de las libertades básicas y el desarrollo del mercado interior, respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad".

Ivonne Higuero, directora de la División de Bosques, Territorio y Vivienda de Unece, se refirió a los objetivos de la Agenda de la ONU para el Desarrollo Sostenible y aseguró que "la gestión territorial sostenible y la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario solo se pueden lograr con la coordinación de las Administraciones y el diálogo permanente con todos los agentes sociales implicados".