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Cataluña 'reinventa' la tasa nuclear y a las grandes superficies comerciales

  • El objetivo de la medida es recaudar alrededor de 55 millones de euros
Vista de la central nuclear de Ascó (Tarragona). <i>Imagen de Reuters</i>

Cristina Triana

La última reunión antes del verano del consejo ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha dado de sí en materia legal. Además de anunciar un Anteproyecto de Ley para reformar la regulación en materia de puertos, el Gobierno catalán ha iniciado la tramitación de la transformación de los impuestos sobre energía nuclear y sobre grandes establecimientos comerciales.

Ambos tributos han sido polémicos. El primero, el impuesto sobre la generación de energía nuclear, fue suspendido en abril por el Constitucional, porque duplicaba una tasa estatal. Para salvar estos ingresos, el Gobierno de Carles Puigdemont ha optado por transformarlo en un tasa medioambiental, que sí entra dentro de las competencias autonómicas.

Según la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, custodia y dispersión de elementos radiotóxicos, que aprobó ayer el consejo ejecutivo del gobierno catalán, "el objetivo de este nuevo tributo es gravar el riesgo que supone para el medio ambiente y sobre las personas la producción de elementos radiotóxicos y su custodia mientras no sean depositados o neutralizados en un almacén de larga duración", puntualiza.

La Generalitat espera recaudar 40 millones de euros con la reinvención de este tributo, una cifra que, sin embargo, es inferior a los 59 millones perdidos por la anulación de la tasa anterior.

Tráfico de vehículos

También el nuevo impuesto sobre las grandes superficies comerciales será medioambiental. En este caso, ha sido la Unión Europea (UE) la que ha advertido a varias comunidades autónomas, entre ellas a Cataluña, al respecto de la aplicación de este impuesto.

Hasta ahora, la tasa se ha aplicado sobre la superficie comercial y, para adaptarse a las recomendaciones europeas, la Generalitat pretende transformarla en un impuesto sobre el impacto medioambiental que provocan estos establecimientos; por ejemplo, considerando el tráfico de vehículos que generan. Con esta metamorfosis, Cataluña busca mantener la misma recaudación que con el anterior impuesto, es decir, aproximadamente unos 15 millones de euros.

El Gobierno catalán prevé presentar los anteproyectos de ley de ambos impuestos en septiembre, porque su objetivo es que estén en vigor lo antes posible, tras el obligado trámite parlamentario. Entonces, se darán a conocer las características técnicas de ambos.

De hecho, es probable que ambos impuestos ya repercutan en la propuesta de Presupuestos para 2017 y en el Anteproyecto de Ley de acompañamiento que la Generalitat presentará en otoño. En principio, el Parlamento catalán ha instado al Gobierno a que la propuesta de cuentas para 2017 se presente antes del 21 de octubre.

En el proyecto fallido de Presupuestos para 2016, la Generalitat no computó ningún ingreso por el impuesto sobre las nucleares, pero sí 14 millones por la tasa sobre establecimientos comerciales. Lo que sí especificó fueron los ingresos perdidos por los impuestos o bien anulados por el Constitucional (depósitos bancarios, producción de energía nuclear y emisión de recetas farmacéuticas), o bien que han sido suspendidos cautelarmente (la tasa sobre las operadoras de ADSL y sobre los pisos vacíos). En total, Cataluña explica que pierde 886 millones, aunque 688 se corresponden sólo con el de depósitos.